Una investigación del portal El CEO, realizada por los periodistas Dan Ibáñez y Sergio Rincón, documenta el deterioro estructural del campo mexicano en vísperas de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para julio de 2026. El trabajo revela que más de 4,000 agricultores abandonan el campo cada año, mientras que en los últimos diez años se han dejado de cultivar 2.2 millones de hectáreas en todo el país. Esta disminución se ha registrado en 25 de las 32 entidades federativas, siendo Sinaloa el caso más extremo, con una reducción del 38.4% en superficie cultivada entre 2014 y 2024.
Los estados con mayor valor de producción agrícola —Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Veracruz y Sonora— enfrentan altos niveles de violencia y extorsión. En Michoacán, por ejemplo, el mercado del limón generó más de 12,000 millones de pesos en 2024, pero entre 180 y 480 millones fueron destinados al pago de derecho de piso exigido por grupos del crimen organizado. La investigación de El CEO revela que organizaciones delictivas como el Cártel de Jalisco Nueva Generación han sofisticado sus métodos de extorsión, accediendo incluso a libros contables de productores para calcular montos de cobro sin provocar quiebres operativos. En este contexto, el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder citrícola de Apatzingán, expuso los riesgos de denunciar públicamente estas prácticas. Bravo había exigido precios justos y denunciado la intervención de intermediarios y grupos criminales en la comercialización del limón.
La violencia, los bajos precios, el cambio climático, la falta de agua y la escasa rentabilidad han desincentivado la permanencia en el sector agrícola. Además, miles de jóvenes han optado por no continuar con esta actividad, lo que agrava la falta de relevo generacional. A pesar de que el valor de la producción nacional en 2024 superó los 855,000 millones de pesos, los altos costos de insumos y maquinaria, junto con la extorsión, han reducido significativamente las utilidades de los productores.
Las organizaciones agrícolas han solicitado que los granos básicos —maíz, trigo, sorgo, frijol— sean excluidos del esquema comercial del T-MEC. Argumentan que el campo mexicano no compite en igualdad de condiciones frente a Estados Unidos y Canadá, y que la comercialización nacional no debe depender de la Bolsa de Chicago. El Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano sostiene que el tratado favorece la especulación y a los grandes importadores, mientras que los productores nacionales enfrentan altos costos, falta de financiamiento y condiciones climáticas adversas. En 2025, México importó 22.7 millones de toneladas de maíz, frente a una producción nacional de 18.2 millones, lo que refuerza el argumento sobre la pérdida de autosuficiencia alimentaria.
El próximo 24 de noviembre, organizaciones agrícolas y trabajadores de otros sectores realizarán bloqueos carreteros en demanda de acuerdos concretos frente a la renegociación del T-MEC. Aunque el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contempla más de 58,500 millones de pesos en subsidios directos al campo —un aumento de 0.9% respecto al año anterior—, las organizaciones consideran que los recursos son insuficientes para enfrentar la caída de precios y los costos de producción.
La investigación de El CEO, firmada por Dan Ibáñez y Sergio Rincón, expone un panorama de crisis en el campo mexicano, donde la violencia, la presión comercial y la falta de condiciones estructurales amenazan la viabilidad de la producción agrícola. En este contexto, la revisión del T-MEC se presenta como un punto de inflexión para definir el futuro del sector.