El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una contradicción de criterios entre diversos Tribunales Colegiados y determinó que las autoridades administrativas locales del sector salud tienen la obligación de implementar, difundir y organizar los servicios médicos necesarios para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La decisión del máximo tribunal del país se basa en lo establecido en la Constitución Federal, instrumentos internacionales y la Ley General de Salud. La Corte señaló que para que las mujeres y personas gestantes puedan ejercer plenamente este derecho, es imprescindible contar con servicios médicos seguros, accesibles, asequibles y de calidad.
Resolución de la contradicción de criterios
El criterio de la SCJN surge tras analizar posturas divergentes de distintos Tribunales Colegiados. Mientras dos tribunales coincidieron en la obligación de garantizar estos servicios de salud con base en derechos constitucionales y convencionales, otro tribunal sostuvo que no existía un mandato específico en la Constitución Federal o en las leyes que impusiera tal obligación a las autoridades locales.
No obstante, la SCJN concluyó que la omisión de implementar, difundir y organizar los servicios de interrupción del embarazo podría traducirse en la imposibilidad práctica de ejercer este derecho, por lo que las autoridades del sector salud deben garantizar su acceso en condiciones de seguridad y respeto a los derechos humanos.
Un fallo con impacto nacional
Este pronunciamiento tiene implicaciones directas en todas las entidades federativas, reforzando la necesidad de que los gobiernos locales adecuen sus sistemas de salud para cumplir con esta disposición. La SCJN reafirma así su compromiso con la protección y garantía de los derechos reproductivos en México.
El fallo, derivado de la Contradicción de Criterios 110/2024, estuvo a cargo del ministro Javier Laynez Potisek y refuerza la postura del máximo tribunal en favor del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental.