La discusión pública sobre la reforma electoral avanza sin incluir uno de los temas que especialistas consideran centrales para el futuro democrático del país: la presencia del crimen organizado en los procesos electorales y la seguridad de candidaturas y votantes. De acuerdo con un reportaje publicado en El CEO por el periodista Gerardo Farell, ni el Instituto Nacional Electoral (INE), ni la Comisión presidencial para la reforma electoral, ni la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han incorporado estos elementos en sus planteamientos.
Luis Carlos Ugalde Ramírez, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, señaló en entrevista con El CEO que la omisión es significativa, pues el avance de grupos criminales en los territorios ya incide en la definición de candidaturas y resultados. Afirmó que una reforma que ignore este fenómeno solo generaría ajustes superficiales, sin atender lo que considera un desafío estructural para la democracia mexicana.
Ugalde advirtió que estimaciones recientes indican que entre 30 y 40 por ciento del territorio municipal podría estar bajo control de organizaciones criminales, lo que implicaría que en esas zonas las elecciones se determinan de manera anticipada. Según explicó, la cooptación, el desplazamiento y las amenazas contra aspirantes son prácticas documentadas en distintos estados.
El reportaje de El CEO también recoge la postura de Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, quien señaló que la violencia electoral es un fenómeno persistente que no ha sido atendido por las autoridades. Recordó que en el proceso presidencial 2023-2024 se registraron al menos 130 ataques contra personas candidatas, con 34 asesinatos, 40 sobrevivientes de atentados, 32 amenazas directas y 10 secuestros. Para Espinosa, la ausencia de condiciones mínimas de seguridad compromete la posibilidad de elecciones libres.
Otro punto señalado en el análisis es el riesgo que especialistas observan en la posible eliminación del servicio profesional de carrera del INE. Ugalde advirtió que la desaparición de esta estructura, integrada por personal con décadas de experiencia, podría afectar la organización de los comicios y abrir la puerta a prácticas que se creían superadas. Según dijo, la profesionalización del instituto ha sido clave para garantizar procesos electorales regulares y confiables.
El reportaje concluye que la discusión de la reforma electoral avanza sin abordar los factores que, según expertos, representan amenazas directas para la integridad de las elecciones. La violencia criminal, la seguridad de las candidaturas y la preservación de capacidades técnicas del INE permanecen fuera del debate legislativo, pese a su impacto en la operación del sistema democrático.