En una carta dirigida a los senadores y senadoras de México, el rector de la Universidad Intercontinental, Maestro Hugo Antonio Avendaño Contreras, ha manifestado su profunda preocupación en relación con el proyecto de reforma judicial que actualmente se discute en el Senado.
Avendaño Contreras ha hecho un llamado respetuoso a los legisladores para que no aprueben la reforma en sus términos actuales, argumentando que su implementación podría comprometer gravemente la estabilidad institucional del país y tener repercusiones negativas en diversos ámbitos.
El rector destacó los esfuerzos realizados en las últimas décadas para fortalecer las instituciones del país, especialmente el Poder Judicial. Subrayó que, gracias a importantes reformas y la creación de organismos autónomos, México ha logrado construir un sistema imparcial y garantista, reconocido internacionalmente, lo que ha contribuido a posicionar al país como un destino seguro para inversiones.
«Las decisiones judiciales se han basado en la ley, sin excepciones ni privilegios, preservando la credibilidad y el respeto de México en los mercados globales», señaló Avendaño Contreras. Añadió que acuerdos comerciales como el T-MEC han sido posibles debido a la percepción de México como un país que respeta el Estado de derecho.
El rector expresó su preocupación de que la reforma judicial propuesta comprometa la independencia del Poder Judicial al permitir una excesiva influencia del Poder Ejecutivo en la designación y remoción de jueces. Según Avendaño Contreras, este cambio estructural podría afectar negativamente la administración de justicia y debilitar la capacidad de los tribunales para actuar con imparcialidad.
Asimismo, advirtió que la percepción de un sistema de justicia influenciado por intereses de régimen erosionaría la confianza pública en las instituciones y afectaría el avance de la justicia en regiones vulnerables, especialmente aquellas bajo la influencia del crimen organizado.
Avendaño Contreras también destacó que la independencia del Poder Judicial es crucial para garantizar la protección de los derechos ciudadanos y el acceso a la justicia. A nivel nacional, argumentó que la reforma podría debilitar los avances logrados en la construcción de un Poder Judicial autónomo y confiable, afectando la capacidad de los jueces para actuar como contrapeso frente a los demás poderes del Estado.
El rector advirtió que un Poder Judicial controlado por intereses fácticos podría significar un retroceso democrático, aumentando la corrupción y la impunidad, y afectando sectores clave como la seguridad, la infraestructura, la educación, el empleo, la economía y el bienestar social.
Además, señaló que la reforma representaría un duro golpe para los profesionales del Derecho formados en instituciones como la Universidad Intercontinental, limitando severamente sus oportunidades y afectando su desarrollo profesional.
Desde una perspectiva internacional, Avendaño Contreras alertó que la reforma pone en riesgo la reputación de México como un país confiable y atractivo para inversiones extranjeras. La confianza en el sistema legal es fundamental para que los inversionistas se sientan seguros de arriesgar sus capitales en México. «Si México es percibido como una nación con un Poder Judicial no autónomo, los inversionistas podrían trasladar sus proyectos a países con sistemas legales más sólidos y predecibles», advirtió.
El rector concluyó su carta instando a los senadores y senadoras a pausar el proceso de aprobación de la reforma y a llevar a cabo una revisión exhaustiva, considerando estudios, recomendaciones y análisis de especialistas, universidades, colegios de abogados, organizaciones civiles y organismos internacionales. Subrayó la importancia de continuar avanzando hacia la consolidación de un sistema de justicia que garantice los derechos de todos los ciudadanos y sirva de base sólida para el crecimiento económico y el respeto internacional.
«Con el mayor respeto, les solicito que no se apruebe la reforma judicial en los términos actuales», finalizó Avendaño Contreras, proponiendo un proceso de diálogo nacional para diseñar una reforma judicial que fortalezca el sistema de justicia y proteja los logros democráticos de las últimas décadas.