En medio de lo que califican como una crisis institucional sin precedentes, trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hicieron pública una carta dirigida al Congreso del Estado, a la Rectoría, a la comunidad universitaria y a la ciudadanía, en la que denuncian omisiones, incumplimientos y decisiones administrativas que, aseguran, han vulnerado derechos laborales fundamentales.
El pronunciamiento señala que la falta de pago de seguros de vida y el incumplimiento en jubilaciones representan afectaciones directas al patrimonio de las familias universitarias. Los trabajadores afirman que estas irregularidades no son fallas administrativas, sino acciones que comprometen la estabilidad de quienes sostienen la operación cotidiana de la institución.
El documento advierte que el próximo lunes 20 de abril de 2026 estallará la huelga, al considerar que no existe voluntad de diálogo ni avances en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo. Los firmantes acusan un “desacato sistemático” a acuerdos legalmente establecidos y a resoluciones que ordenan el cumplimiento de pagos pendientes.
Uno de los señalamientos centrales es el uso de la autonomía universitaria como argumento para evitar responsabilidades. Los trabajadores sostienen que la autonomía no implica extraterritorialidad ni permite eludir obligaciones legales, recordando que la Universidad opera con recursos públicos estatales y federales sujetos a transparencia y normatividad.
El pronunciamiento también destaca la intervención de organismos superiores. Se menciona que las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación han marcado un precedente respecto a la actuación de la administración universitaria, y se subraya que el embargo precautorio para cubrir pagos al SUEUM constituye, según los trabajadores, una evidencia de que la razón legal respalda sus demandas.
Entre las exigencias planteadas se encuentran:
- Rendición de cuentas sobre el manejo de recursos públicos.
- Pago inmediato de prestaciones devengadas y respeto al Contrato Colectivo de Trabajo.
- Cese de prácticas de hostigamiento laboral y nepotismo.
- Inicio de juicio político contra la Rectora Yarabi Ávila González y realización de una auditoría integral a las finanzas universitarias.
- Renuncia de la titular de la Rectoría ante lo que consideran incapacidad para conducir la institución.
El comunicado concluye con un llamado a defender el carácter público de la Universidad Michoacana y su legado histórico, afirmando que no permitirán que intereses particulares afecten el funcionamiento y la misión social de la institución.