Una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público fue presentada ante el Congreso, con el objetivo de establecer lineamientos oficiales para la operación de medios digitales por parte de ministros de culto y asociaciones religiosas. El documento propone modificar el artículo 16 de dicha ley, incorporando un párrafo que condiciona la actividad digital de líderes religiosos al cumplimiento de normas emitidas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en coordinación con la Secretaría de Gobernación.
El texto legislativo establece que los ministros de culto que operen plataformas digitales —incluyendo redes sociales, servicios multimedia o cualquier otro canal en línea— deberán sujetarse a lineamientos que garanticen la neutralidad de la red, el respeto a los derechos digitales y la prevención de discursos de odio.
Diversos sectores han manifestado preocupación ante lo que consideran una posible restricción a la libertad religiosa y de expresión. Entre los puntos señalados como riesgos se encuentran:
- La posibilidad de limitar contenidos religiosos o provida en entornos digitales.
- La interpretación ambigua del concepto de “neutralidad”, que podría derivar en prohibiciones sobre manifestaciones de fe o convicciones morales.
- La apertura a sanciones o restricciones para organizaciones o ciudadanos que expresen principios éticos o religiosos en medios digitales.
La iniciativa no prohíbe la operación de medios por parte de asociaciones religiosas, pero condiciona su ejercicio a criterios oficiales que aún no han sido definidos públicamente. El debate se centra en si estos lineamientos podrían constituir mecanismos de control sobre el discurso religioso en espacios digitales.
El documento completo puede consultarse en el portal legislativo oficial: Consulta la iniciativa.
La propuesta legislativa se encuentra en etapa de análisis y discusión. Organizaciones religiosas, académicos y defensores de derechos digitales han comenzado a pronunciarse sobre sus implicaciones, en un contexto donde el equilibrio entre libertad de culto, regulación digital y prevención de discursos de odio continúa siendo objeto de debate público.