La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su Informe de Actividades 2025, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde sostuvo que el organismo ha consolidado un cambio estructural orientado a la prevención y a la atención directa de víctimas, y reiteró su llamado a aprobar la reforma constitucional que convertiría en obligatorias las recomendaciones emitidas por la institución.
Durante su intervención, Piedra Ibarra afirmó que la CNDH dejó atrás el modelo que, según dijo, operó durante décadas con prácticas de simulación y subordinación al poder político. Señaló que desde 2019 el organismo ha incrementado su capacidad de respuesta, triplicando en cinco años el número de recomendaciones y acciones de inconstitucionalidad respecto a las tres décadas previas.
La titular del organismo destacó que en 2025 se mantuvo la tendencia a la baja en quejas por violaciones graves a derechos humanos, al tiempo que aumentó el número de personas atendidas. De acuerdo con el informe, la CNDH recibió 145 mil 634 documentos, 5.2 por ciento menos que en 2024, pero con un incremento acumulado de 160.8 por ciento respecto a 2019. Del total, 78 mil 572 correspondieron a escritos de queja, que derivaron en 18 mil 839 expedientes, apenas 1 por ciento más que el año anterior.
Piedra Ibarra subrayó que el organismo concluyó 19 mil 257 expedientes, privilegiando la resolución durante el trámite y la conciliación con autoridades. Aseguró que este comportamiento responde a un modelo preventivo que busca intervenir antes de que las violaciones se consumen, apoyado en un Sistema Nacional de Alerta que, afirmó, ha permitido reducir hechos violatorios en el ámbito federal.
El informe también reporta 156 recomendaciones ordinarias y 29 por violaciones graves emitidas en 2025, con lo que la gestión actual suma 1,426 recomendaciones, equivalentes al 32.9 por ciento del total histórico del organismo. Asimismo, la CNDH promovió 87 acciones de inconstitucionalidad, cifra que representa el 67.31 por ciento de todas las presentadas por el organismo desde 2007.
En materia presupuestal, Piedra Ibarra informó que la CNDH devolverá más de 210 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda, como parte de una política de ahorro que, dijo, ha permitido reorientar el gasto hacia actividades sustantivas. Señaló que en 2025 el 75 por ciento del presupuesto se destinó a protección y defensa, frente al 54 por ciento registrado en 2019.
La presidenta del organismo también destacó la ampliación territorial de la CNDH con la apertura de una oficina regional en Jalisco y la reubicación de la sede en Baja California Sur hacia Mexicali, con el objetivo de fortalecer la atención a personas migrantes. Además, reportó un incremento en las visitas a centros penitenciarios y lugares de privación de la libertad, así como en actividades de capacitación en derechos humanos.
Piedra Ibarra insistió en la necesidad de que el Congreso apruebe la creación de la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, figura que sustituiría a la CNDH y dotaría de carácter vinculante a sus resoluciones. Afirmó que la eficacia del organismo no debe medirse por el número de quejas atendidas, sino por la disminución de hechos violatorios en el país.
Al cierre de su mensaje, sostuvo que el objetivo de la transformación institucional es avanzar hacia un escenario en el que las violaciones a derechos humanos se reduzcan de manera sostenida hasta su eventual eliminación, y reiteró que el organismo continuará aplicando el modelo preventivo mientras el Congreso define el futuro de la reforma propuesta.