En un momento crucial para la región, el Poder Judicial de la Federación (PJF) de México participó activamente en la Asamblea Plenaria de la XXII Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, destacándose por su firme postura en defensa de la independencia judicial, su compromiso con la equidad de género y su contribución al desarrollo jurídico regional.
La delegación mexicana fue encabezada por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, acompañada por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la consejera Lilia Mónica López Benítez y funcionarios de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal.
Durante los tres días de trabajo, las y los titulares de los 23 Poderes Judiciales participantes aprobaron por unanimidad la Declaración de Santo Domingo, un documento que reafirma el compromiso iberoamericano con una justicia libre de interferencias políticas, que garantice la dignidad, libertad e imparcialidad en todos los niveles del sistema judicial.
México, sin candidaturas por reforma judicial, pero con presencia activa
En una decisión sin precedentes, y como muestra de responsabilidad institucional, México no presentó candidaturas para integrar las siete comisiones permanentes de la Cumbre, debido a la actual implementación de la reforma al Poder Judicial, que mantiene en incertidumbre la futura integración de la Suprema Corte y del nuevo órgano de administración judicial.
Pese a ello, la ministra Piña aseguró que México no se retira del proceso multilateral, y seguirá colaborando activamente en los grupos de trabajo, proyectos de cooperación y actividades de capacitación durante la XXIII edición de la Cumbre.
Reconocimientos a favor de la igualdad y justicia
Durante la Cumbre, el Poder Judicial de México fue galardonado en tres ocasiones con el Premio a la Igualdad, gracias a sus sentencias emblemáticas que promueven los derechos humanos y la equidad de género.
Además, presentó el Reporte Estadístico 2025 sobre la participación de mujeres en la estructura judicial iberoamericana, solicitado por la Comisión de Género y Acceso a la Justicia, consolidando su liderazgo en esta agenda.
También se destacó la actualización del Portal DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales) y del Portal PLIEJ (estadística judicial), plataformas clave que México administra y que fungen como referencia jurídica para la región.
Alertas sobre el populismo y la crisis institucional
En una de las mesas más significativas de la Asamblea, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo expuso que el rediseño institucional del PJF obliga a repensar su legitimidad democrática sin renunciar a su independencia. En su intervención, alertó sobre el riesgo de que la reforma judicial en curso afecte la estabilidad del sistema.
A su vez, representantes de Bolivia, Guatemala y Colombia coincidieron en señalar que la politización de la justicia, el populismo judicial y la polarización social representan amenazas reales para la credibilidad y fortaleza institucional de los tribunales en la región.
Un compromiso renovado por la justicia
La Declaración de Santo Domingo, firmada por todas las presidentas y presidentes judiciales, hizo un llamado urgente para fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen una justicia independiente, imparcial y profesional, y reafirmó la importancia del cumplimiento irrestricto de las resoluciones judiciales como base de cualquier democracia.
Con una participación sólida pese a los desafíos internos, el Poder Judicial de la Federación refrenda su compromiso con la cooperación internacional y la defensa de la justicia como pilar del Estado de derecho en Iberoamérica.