El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció su intención de incluir al Cártel de los Soles en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE), con efectos a partir del 24 de noviembre de 2025. La medida fue comunicada oficialmente el 16 de noviembre por el secretario de Estado, Marco Rubio, y se enmarca en la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Según el comunicado, el Cártel de los Soles opera desde Venezuela y estaría dirigido por Nicolás Maduro y altos funcionarios de su entorno. El Departamento de Estado sostiene que estos actores han ejercido control sobre instituciones clave del Estado venezolano, incluyendo las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el judicial. En el mismo documento, se afirma que ni Maduro ni sus colaboradores representan al gobierno legítimo de Venezuela.
La designación se suma a otras organizaciones previamente clasificadas como OTE, entre ellas el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. El gobierno estadounidense atribuye al Cártel de los Soles responsabilidad en actos de violencia con fines terroristas en el hemisferio occidental, así como en operaciones de narcotráfico con destino a Estados Unidos y Europa.
El Departamento de Estado indicó que esta acción busca restringir el acceso a financiamiento y recursos por parte de grupos considerados narcoterroristas, como parte de una estrategia más amplia de protección de la seguridad nacional. La inclusión en la lista de OTE implica sanciones financieras, restricciones migratorias y otras medidas legales contra individuos y entidades vinculadas.
Cabe señalar que el Cártel de los Soles ya había sido objeto de sanciones por parte del Departamento del Tesoro bajo la Orden Ejecutiva 13224, que permite bloquear bienes y recursos de personas u organizaciones involucradas en actividades terroristas o que representen una amenaza significativa.
La publicación oficial en el Registro Federal activará formalmente la designación, lo que podría tener implicaciones diplomáticas y operativas en la relación entre Estados Unidos y actores vinculados al gobierno de Venezuela. Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta oficial por parte de las autoridades venezolanas