La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para modificar la fecha de la elección del Poder Judicial y trasladarla del 2027 al domingo 4 de junio de 2028, tanto en el ámbito federal como en el local. La propuesta incluye ajustes a la boleta electoral y cambios en los procesos de evaluación y selección de candidaturas.
Sheinbaum explicó que el objetivo central es evitar que las y los electores deban acudir a casillas distintas para votar en procesos concurrentes. “Si fuera en el 2027, la elección tendría que realizarse en casillas distintas; la gente tendría que ir a votar por gobernador, presidentes municipales y diputados en una casilla y luego moverse a otra para votar por el Poder Judicial”, señaló. Con el cambio, la elección judicial podría coincidir, de solicitarse, con la revocación de mandato prevista en el artículo 35 constitucional.
La mandataria federal también planteó simplificar la boleta para facilitar la identificación de candidaturas. “Que sea más sencillo para las y los electores distinguir quién propone a los candidatos”, afirmó durante la conferencia matutina.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el ajuste permitirá mantener la concurrencia con los procesos ordinarios de 2030, 2033 y 2036. En 2028 se elegirán cuatro magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito; 385 jueces de Distrito; y, en los poderes judiciales locales, 424 magistrados y 2 mil 831 jueces en 25 entidades.
Alcalde informó que se propone crear una Comisión Coordinadora encargada de homologar metodologías y criterios de evaluación de los Comités de Evaluación de los tres poderes. Cada poder designará a una persona coordinadora que verificará el cumplimiento de requisitos formales de las y los aspirantes.
La iniciativa también plantea reducir el número de candidaturas: la Comisión Coordinadora seleccionará a las cuatro personas mejor evaluadas y, mediante insaculación pública, se definirán dos candidaturas por cargo, garantizando paridad de género. Además, cada elector votará por un juez y un magistrado por especialidad, distinguiendo con claridad las postulaciones de cada poder, incluidas las de quienes busquen reelegirse. El INE dividirá el territorio en los distritos judiciales necesarios para garantizar este derecho.
En materia de formación, se establece capacitación permanente y obligatoria para jueces y magistrados. El Tribunal de Disciplina, en coordinación con la Escuela Judicial, implementará programas de actualización, mientras que la ley definirá criterios, metodologías y plazos para asegurar procesos transparentes.
Para los poderes judiciales locales, se replicarán las reglas federales: comités de evaluación con criterios unificados, insaculación obligatoria, reducción de candidaturas, evaluación del desempeño durante el primer año y capacitación continua a cargo del Tribunal de Disciplina local.
Entre las modificaciones adicionales se contempla que las elecciones judiciales y ordinarias puedan realizarse en la misma ubicación sin intervención de representantes partidistas; que el escrutinio y cómputo se realicen en las mismas casillas; adelantar tres meses el plazo del Senado para emitir la convocatoria general; y que las vacantes por muerte, renuncia o destitución se renueven en la siguiente elección. También se prevé crear dos secciones en la Suprema Corte para desahogar asuntos menores y agilizar el trabajo del Pleno.