En el Congreso, la política hídrica entró a una fase de redefinición con la iniciativa presentada por el diputado de Morena, Carlos Ignacio Mier Bañuelos, quien propone reformar la Ley de Aguas Nacionales para incorporar la captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua de lluvia como una obligación del Estado y un eje estratégico para garantizar el acceso al recurso.
El planteamiento legislativo parte del reconocimiento del derecho humano al agua consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero advierte que, en la práctica, persisten obstáculos estructurales que limitan su cumplimiento. Entre ellos, el legislador señaló la sobreexplotación de acuíferos, el crecimiento urbano desordenado, la desigualdad territorial y la insuficiencia de infraestructura, factores que han configurado un modelo donde, afirmó, coexisten la escasez y el desperdicio.
En ese contexto, la iniciativa propone reconocer la captación pluvial como una actividad de interés público y carácter estratégico, estableciendo en la ley que su desarrollo será responsabilidad directa del Estado. El proyecto busca cerrar el vacío normativo que actualmente impide una política homogénea a nivel nacional, al tiempo que intenta articular los esfuerzos dispersos que existen en entidades y municipios.
Uno de los ejes centrales de la propuesta radica en la transformación del modelo de infraestructura pública. El diputado plantea que toda obra financiada total o parcialmente con recursos federales deberá incorporar sistemas de captación de agua de lluvia, siempre que existan condiciones técnicas, geográficas y económicas viables. La medida busca transitar hacia esquemas de construcción más resilientes, con capacidad de aprovechar recursos naturales que hoy se pierden en los sistemas de drenaje.
En paralelo, el proyecto establece nuevas atribuciones para la autoridad hídrica, que deberá emitir lineamientos técnicos, definir zonas prioritarias, promover tecnologías especializadas y coordinar acciones con los distintos órdenes de gobierno. La intención es consolidar un marco institucional que permita planificar, regular y supervisar de manera integral el uso del agua pluvial como fuente complementaria de abastecimiento.
La iniciativa también contempla la creación de un Programa Nacional de Captación de Agua de Lluvia, que operaría como instrumento rector de la política pública en la materia, con metas definidas, cobertura territorial y mecanismos de evaluación. Este programa estaría enfocado, de manera prioritaria, en regiones con mayor vulnerabilidad hídrica, donde el acceso al agua es intermitente pese a la presencia de lluvias estacionales.
En el plano social, la propuesta incorpora incentivos económicos, fiscales y asistencia técnica para fomentar la adopción de estos sistemas en viviendas particulares, con énfasis en zonas donde las familias dependen de alternativas como el suministro mediante pipas. Con ello, se busca reducir costos, mejorar condiciones de vida y fortalecer la autosuficiencia hídrica a nivel doméstico.
El proyecto de decreto incluye modificaciones al artículo 9, la adición de una nueva sección en el Título Tercero y la incorporación de los artículos 15 Bis 1 al 15 Bis 6, donde se establecen definiciones, criterios de implementación y mecanismos de coordinación institucional. Asimismo, prevé un plazo de 180 días naturales para que la autoridad competente emita los lineamientos técnicos necesarios para su aplicación.
En la argumentación política, Mier Bañuelos sostuvo que la captación de agua de lluvia no solo es viable desde el punto de vista técnico, sino que representa una respuesta estructural frente a la crisis hídrica. Planteó que su implementación permitiría reducir la presión sobre fuentes tradicionales, mitigar riesgos de inundación y fortalecer la resiliencia de las comunidades ante los efectos del cambio climático.
Con esta iniciativa, el Congreso abre un nuevo frente de discusión sobre la gestión del agua en México, en un escenario donde la escasez, la desigualdad en el acceso y la necesidad de modelos sustentables colocan a la política hídrica en el centro del debate nacional.