En una sesión marcada por fuertes señalamientos, la bancada del PRI votó en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que busca concentrar en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la ejecución de toda la obra pública del país. Legisladores de ese grupo parlamentario advirtieron que la propuesta carece de presupuesto adicional, claridad de competencias y mecanismos de control, lo que —según expusieron— abre la puerta a discrecionalidad, lentitud administrativa y riesgos de corrupción.
El diputado Miguel Alonso Reyes alertó que ampliar facultades a la SICT para construir infraestructura especializada, como hospitales, pone en riesgo la calidad de los servicios, al tratarse de una dependencia sin experiencia técnica en áreas sensibles. Señaló que la iniciativa permitiría licitar proyectos sin suficiencia presupuestal, lo que generaría incertidumbre y falta de control en la ejecución.
Por su parte, el coordinador priista Rubén Moreira calificó la propuesta como un engaño al no contemplar recursos adicionales. Afirmó que la centralización de la obra pública se convertirá en “un hoyo negro” presupuestal y sostuvo que la medida refleja una acción desesperada ante la caída histórica de la inversión pública. Recordó que la reforma permitiría a una sola secretaría licitar toda la obra del país “en total opacidad”, sin rendición de cuentas y con riesgos de errores y malos manejos.
Moreira agregó que la iniciativa representa una regresión de décadas y podría replicar fallas observadas en proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la refinería de Dos Bocas. Subrayó que la propuesta no solo concentra atribuciones, sino que también presiona políticamente a los estados al permitir la intervención federal en cualquier proyecto, incluso sin capacidad técnica comprobada.
La bancada priista sostuvo que la reforma es peligrosa por tres razones:
- Una dependencia sin experiencia ejecutaría obra especializada, incluida infraestructura de salud.
- La centralización generaría opacidad, lentitud y posibles malos manejos.
- Se permitirían licitaciones sin suficiencia presupuestal, conforme a reglas aprobadas previamente en materia de inversión estratégica.
Los legisladores insistieron en que la propuesta carece de sustento técnico y financiero, y reiteraron su rechazo a lo que consideran un modelo que debilita el federalismo y compromete la calidad de la infraestructura pública. Con el voto en contra del PRI, el debate sobre la centralización de la obra pública continuará en el Congreso, en un contexto de creciente escrutinio sobre la inversión federal y la ejecución de proyectos estratégicos.