Un ciudadano mexicano se declaró culpable de integrar una conspiración internacional que operó durante dos años un esquema de lavado de dinero basado en el comercio para trasladar ganancias del narcotráfico desde Estados Unidos hacia México sin mover físicamente el efectivo a través de la frontera. De acuerdo con documentos judiciales, Gabriel Arturo Castillo, de 52 años y residente de Monterrey, participó en un mecanismo financiero que ocultó millones de dólares mediante operaciones comerciales entre ambos países.
La investigación detalla que la red recibía grandes cantidades de dólares provenientes de la venta de drogas en diversas ciudades estadounidenses. Los fondos se depositaban en cuentas bancarias o se transportaban a Laredo, Texas, donde eran vendidos a empresarios mexicanos que utilizaban ese dinero para adquirir mercancía en tiendas de Estados Unidos, incluidas perfumerías. La mercancía era enviada a México y, a cambio, los empresarios transferían pesos a las organizaciones criminales, completando así el ciclo de ocultamiento de origen y retorno de ganancias a los cárteles.
El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva calificó el esquema como un sistema “intrincado” que permitió “blanquear millones de dólares procedentes del narcotráfico”, y advirtió que los facilitadores financieros “promueven el narcotráfico y ponen en peligro vidas, negocios legítimos y el comercio”. Señaló que la condena busca enviar un mensaje directo a quienes sostienen las estructuras económicas de los cárteles.
El fiscal federal interino John G.E. Marck afirmó que Castillo y sus cómplices tuvieron un papel central en el movimiento de recursos ilícitos y sostuvo que la declaración de culpabilidad representa un avance para “desmantelar las redes financieras que alimentan la violencia y el narcotráfico en la frontera sur”. Añadió que las autoridades continuarán siguiendo el rastro del dinero hasta que todos los involucrados enfrenten consecuencias legales.
El agente especial Miguel Madrigal, de la DEA en San Antonio, indicó que Castillo operó durante años en la ocultación de ganancias mediante “elaboradas operaciones de lavado de dinero”, y destacó que la investigación iniciada en Laredo permitió identificar rápidamente las actividades del cártel y frenar los esquemas que sostenían sus operaciones. Por su parte, Rodrick Benton, de la Oficina de Investigación Criminal del IRS, explicó que el método utilizado —conocido como cambio de pesos en el mercado negro— tiene versiones que existen desde hace décadas y funcionan mediante la compra de mercancía en Estados Unidos para su reventa en México a precios pactados. “No se pueden ocultar las ganancias ilícitas a una agencia dedicada a rastrear el dinero”, afirmó.
Castillo se declaró culpable del cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y enfrentará una pena máxima de 20 años de prisión. Su sentencia está programada para el 7 de julio, y será determinada por un juez federal conforme a las directrices de sentencia y otros factores legales.
La DEA y el IRS-CI continúan la investigación. El caso es procesado por fiscales de la División Penal del Departamento de Justicia y del Distrito Sur de Texas. La Oficina de Asuntos Internacionales colaboró con autoridades mexicanas para lograr la detención y extradición de Castillo en agosto de 2025.
La División Penal, a través de su Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos, mantiene como misión eliminar el lucro del crimen, erradicar estructuras financieras de los cárteles y proteger el sistema financiero estadounidense mediante acciones penales y recuperación de activos contra facilitadores, instituciones y operadores que sostienen el crimen organizado transnacional.