La Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados presentó el informe de relatoría de las mesas de trabajo sobre la regulación del uso de motocicletas, un ejercicio que reunió a organizaciones civiles, autoridades federales y representantes del sector privado para delinear una reforma a la Ley General de Movilidad. El documento sintetiza los hallazgos de cinco sesiones realizadas ante el crecimiento acelerado de este medio de transporte y su alta participación en siniestros viales, considerados de los más letales en el país.
El informe concluye que el fenómeno no es un problema individual, sino estructural, derivado de fallas en infraestructura, capacitación, regulación, datos y cultura vial, además de una estigmatización persistente hacia las personas motociclistas. Entre las recomendaciones centrales se plantea fortalecer la educación vial, mejorar la capacitación y los sistemas de licencias, armonizar la normativa y reconocer a las personas motociclistas como usuarias vulnerables. También se propone impulsar infraestructura segura, sistemas de información confiables y una regulación integral basada en la corresponsabilidad y no en la criminalización.
La presidenta de la Comisión, Patricia Mercado Castro, destacó que el proceso permitió “fomentar el diálogo abierto y la reflexión colectiva”, subrayando que el objetivo es construir una ley participativa que evite posturas punitivas y responda al crecimiento de la micromovilidad y al uso de motocicletas como fenómenos que están transformando la dinámica urbana. Afirmó que las conclusiones representan “un primer paso hacia la construcción de una cultura vial más segura, ordenada e incluyente”, en coordinación con el Poder Ejecutivo y con participación ciudadana.
Desde el PAN, la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz señaló que el aumento del uso de motocicletas tras la pandemia responde a deficiencias del transporte público y ha incrementado la vulnerabilidad de sus usuarios. Propuso políticas coordinadas, escuelas de manejo gratuitas y uso obligatorio de equipo de protección para reducir accidentes. Por Morena, Alma Delia Navarrete Rivera afirmó que existe una “deuda pendiente” con las personas motociclistas y que la incorporación de este sector a la Ley General de Movilidad debe garantizar seguridad vial, sin perder de vista que el fortalecimiento del transporte público sigue siendo una prioridad.
Las dependencias federales coincidieron en la urgencia de atender el problema. Sedatu advirtió que el motociclista es hoy “el usuario más vulnerable” en accidentes y que las muertes asociadas a este vehículo están en aumento, por lo que se requieren soluciones integrales basadas en evidencia. La Secretaría de Salud subrayó que la seguridad vial es un tema intersectorial que exige coordinación y políticas sustentadas en datos y buenas prácticas internacionales.
Representantes estatales y organizaciones civiles reforzaron la necesidad de políticas alineadas con estándares internacionales, capacitación obligatoria, auditorías viales y mejor infraestructura. También destacaron iniciativas como el Instituto de Inclusión para la Seguridad Vial, orientado a un banco de prótesis y un laboratorio de pruebas para cascos, como parte de una estrategia integral de prevención.
El informe será integrado al proceso legislativo para la elaboración de una propuesta de reforma que responda al crecimiento del parque motociclista y a los riesgos asociados. La Comisión de Movilidad anticipó que el siguiente paso será consolidar un marco legal que articule corresponsabilidad institucional, participación social y criterios técnicos verificables para enfrentar un problema que, según el diagnóstico, ya forma parte de los desafíos estructurales de la movilidad en México.