A más de una década de los desvíos documentados en los casos de La Estafa Maestra, Odebrecht y las empresas fantasma vinculadas al gobierno de Javier Duarte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigentes mandamientos de ejecución por más de 9 mil 548 millones de pesos, sin que se haya logrado la recuperación efectiva de los recursos.
De acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), los procedimientos fiscales iniciados por el SAT se han enfrentado a obstáculos como domicilios falsos, empresas inexistentes, cuentas bancarias vacías y exfuncionarios que se amparan o negocian su libertad. El monto reclamado equivale a tres veces el presupuesto anual de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).
Uno de los casos más representativos es el de Emilio Zebadúa González, exoficial mayor de Sedesol y Sedatu, a quien se le reclama un adeudo superior a los mil 117 millones de pesos, derivado de cinco pliegos de responsabilidades administrativas emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las diligencias de cobro se han realizado en su domicilio fiscal en Cuajimalpa, sin resultados efectivos.
Otro caso relevante es el de Wistano Luis Orozco García, exfuncionario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), con adeudos que superan los 1,462 millones de pesos. Las observaciones de la ASF están vinculadas a contratos con empresas fantasma como Grupo Comercializador Cónclave, Prodasa y Evyena Servicios. En todos los domicilios registrados, el SAT ha documentado la inexistencia de operaciones comerciales.
En el caso de Odebrecht, el SAT reclama 739 millones de pesos a la filial mexicana de la constructora brasileña por sanciones impuestas en 2019 por Pemex, relacionadas con contratos en la refinería de Tula. La empresa abandonó su domicilio fiscal desde hace más de cuatro años. Además, se notificó un adeudo adicional al exdirector Luis Alberto de Meneses Weyll, por 1.5 millones de pesos, sin que se haya logrado el cobro.
Respecto al esquema de desvíos en Veracruz, el SAT mantiene mandamientos de ejecución contra Antonio Tarek Abdalá Saad, exfuncionario del gobierno de Javier Duarte, por un monto acumulado de 2 mil 912 millones de pesos. Los créditos fiscales se derivan de observaciones hechas por la ASF desde 2014, sin que se haya concretado la reparación del daño.
También se mantienen vigentes adeudos contra empresas fantasma utilizadas en ese esquema, como Cerene, Grupo Balcano, Servicios Oktagonales y Desarrolladores Mercalim, con montos que superan los 300 millones de pesos. En todos los casos, los domicilios fiscales registrados resultaron inexistentes o desocupados.
La empresa Grupo Comercializador Cónclave, declarada fantasma por el SAT en 2017, concentra uno de los mayores adeudos: 1,761 millones de pesos. Fue receptora de recursos públicos provenientes de convenios con la UAEM, el ISSSTE y el Instituto Politécnico Nacional, sin que se haya acreditado la prestación de servicios.
A pesar de las promesas de sanción reiteradas por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, la recuperación de los recursos desviados sigue pendiente. Los expedientes fiscales revisados por MCCI evidencian que los principales casos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto permanecen impunes.