Michoacán, entre los últimos lugares en desempeño gubernamental y seguridad pública: evaluación nacional de octubre

by Enlace Noticias

El estado de Michoacán se ubica en los últimos lugares en múltiples indicadores de gestión pública, de acuerdo con la más reciente evaluación nacional de gobernadores hombres publicada por la casa encuestadora Rubrum. El estudio, realizado entre el 27 y el 29 de septiembre de 2025, recoge la percepción ciudadana sobre el desempeño de los mandatarios estatales en siete áreas clave: trabajo general, seguridad pública, cercanía con la población, sistema de salud, movilidad, obras públicas y transparencia.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, de extracción morenista, aparece en la posición número 11 de 19 evaluados en desempeño general, con una calificación de 5.97 sobre 9. Sin embargo, los resultados más preocupantes se concentran en los rubros de seguridad, salud, transparencia y cercanía con la ciudadanía, donde Michoacán figura en los últimos lugares.

Seguridad pública: percepción crítica

En el apartado de seguridad pública, Michoacán ocupa el lugar 14 de 19, con una calificación de 4.40. Este resultado lo posiciona por debajo de entidades como Tamaulipas (4.95), Hidalgo (4.79) y Jalisco (4.36), y apenas por encima de Baja California Sur, Zacatecas, Oaxaca y Sinaloa. La percepción ciudadana refleja una preocupación persistente por los niveles de violencia, inseguridad y falta de garantías para la población.

Cercanía con la población: baja conexión

Respecto a la cercanía del gobernador con la ciudadanía, Ramírez Bedolla se ubica en el lugar 14, con una calificación de 5.22. Este indicador mide la percepción sobre la accesibilidad, empatía y presencia del mandatario en asuntos cotidianos de la población. El resultado sugiere una distancia entre el liderazgo estatal y las demandas sociales, en comparación con estados como Coahuila (7.73), San Luis Potosí (7.13) y Chiapas (6.99), que encabezan el listado.

Sistema de salud: rezago en atención

En el rubro de salud estatal, Michoacán obtiene una calificación de 4.94, ubicándose en el lugar 16. Esta cifra refleja una percepción negativa sobre la calidad de los servicios médicos, infraestructura hospitalaria y atención pública. La evaluación lo coloca por debajo de entidades como Hidalgo (4.96), Sinaloa (4.98) y Tamaulipas (5.03), y muy lejos de los primeros lugares como Querétaro (6.59) y Coahuila (6.25).

Transparencia y acceso a la información: opacidad institucional

En cuanto a transparencia y accesibilidad de la información gubernamental, el estado ocupa el lugar 15, con una calificación de 4.99. Este indicador mide la percepción sobre la disponibilidad de datos públicos, rendición de cuentas y claridad en el ejercicio del presupuesto. Michoacán se encuentra por debajo de Jalisco (5.12), Hidalgo (5.18) y Nayarit (5.27), y lejos de los primeros lugares como Coahuila (6.69) y Chiapas (6.57).

Obras públicas y movilidad: desempeño medio

En los rubros de obras públicas y movilidad, el estado presenta resultados ligeramente más altos. En calidad y eficiencia del transporte público, Michoacán se ubica en el lugar 9 con una calificación de 6.28, mientras que en obras públicas ocupa el lugar 12 con 5.53. Aunque estos indicadores no figuran entre los peores, tampoco destacan por su eficiencia o impacto social.

Los resultados de la evaluación reflejan una percepción ciudadana crítica hacia el gobierno estatal en áreas sensibles como seguridad, salud y transparencia. La baja calificación en cercanía con la población sugiere una desconexión entre el liderazgo político y las necesidades sociales. Estos indicadores podrían influir en el posicionamiento político de cara a los procesos electorales de 2027, así como en la agenda pública de los próximos meses.

La ciudadanía enfrenta desafíos cotidianos en materia de seguridad, atención médica y acceso a información pública, mientras que los niveles de confianza en el gobierno estatal se mantienen en rangos medios o bajos. La evaluación plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas públicas implementadas y la capacidad de respuesta institucional ante las demandas sociales.

Ver también