La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) atraviesa una etapa de alta tensión institucional tras las declaraciones de la rectora Yarabí Ávila González, quien afirmó públicamente que “nunca me sentaré con un personaje corrupto y de pésima reputación que ha hecho daño a la máxima casa de estudios”, en referencia al trabajador jubilado Eduardo Tena, dirigente del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM).
La postura de la rectora ha generado una reacción inmediata por parte de sectores sindicales y universitarios, quienes acusan a la administración de iniciar una confrontación directa contra el SUEUM, ignorando la titularidad legal del contrato colectivo de trabajo que ostenta dicho sindicato. En el documento difundido por representantes sindicales, se señala que la negativa de Ávila González a dialogar con los titulares legítimos vulnera el artículo 387 de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a la autoridad universitaria a negociar con el sindicato que cuente con la Constancia de Representatividad.
La reunión sostenida por la rectora con Ramiro Silva, dirigente del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), y con Denisse, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Politécnica de Michoacán (Stupimich), fue calificada como un intento de legitimar estructuras sin facultades legales para negociar condiciones laborales. El documento advierte que esta estrategia podría derivar en la imposición de sindicatos blancos, figura que desnaturaliza la negociación colectiva y debilita la autonomía sindical.
Además de los señalamientos sobre omisiones legales, el comunicado critica el uso de discursos públicos por parte de la rectora que, según los firmantes, desvían la atención de los incumplimientos contractuales, la retención de prestaciones, el acoso laboral y las amenazas de despido. También se cuestiona el uso de recursos universitarios en obras como juegos infantiles, una alberca olímpica, la adquisición de un equipo de fútbol y un mariachi, sin que se haya transparentado su funcionalidad ni el beneficio institucional.
La confrontación se ha trasladado a redes sociales y medios de comunicación, donde se han intensificado las críticas hacia la gestión de Ávila González. Los representantes sindicales señalan que la Universidad no puede regirse por voluntades personales, sino por derechos laborales y marcos legales que garantizan la participación de los trabajadores en la toma de decisiones.
El emplazamiento a huelga, considerado por la rectora como “no justificable”, fue defendido por los sindicatos como un derecho constitucional, cuya validez debe ser determinada por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En este contexto, se advierte que la falta de diálogo institucional y el uso de discursos polarizantes podrían agravar el clima laboral y afectar el funcionamiento académico de la Universidad.
La situación en la UMSNH refleja una disputa de fondo sobre el respeto a los derechos laborales, la representatividad sindical y la transparencia en la gestión pública. Mientras la administración defiende sus decisiones como parte de una estrategia de gobernabilidad, los trabajadores exigen cumplimiento de acuerdos, respeto a los contratos colectivos y condiciones dignas para el ejercicio de sus funciones.