La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó este lunes, por unanimidad de votos, la obligación del Estado mexicano de cumplir con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México.
En su resolución, el Pleno de la Corte reconoció que dicha sentencia internacional constituye cosa juzgada, por lo que el Estado debe atender en su totalidad las medidas ordenadas, entre ellas, garantizar la investigación y sanción a todos los responsables de los hechos de violencia sexual ocurridos en 2006 contra once mujeres durante un operativo policial en San Salvador Atenco, Estado de México.
El análisis del alto tribunal se centró en definir cómo debe participar el Poder Judicial de la Federación en la ejecución de la sentencia internacional, que responsabiliza al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo la integridad personal, la vida privada y la prohibición absoluta de la tortura.
La Corte IDH determinó que los abusos fueron cometidos por agentes estatales en el contexto de operativos de seguridad, durante los cuales las mujeres fueron detenidas, golpeadas, insultadas y víctimas de distintas formas de violencia sexual.
El fallo de la SCJN subrayó que aún están pendientes diversas medidas de reparación dictadas por la Corte IDH, especialmente la investigación efectiva y sanción a los responsables de los actos de tortura sexual. No obstante, aclaró que su intervención judicial —la de “juzgar”— dependerá del resultado de las indagatorias que deben completarse en el ámbito local y federal.
La resolución corresponde al expediente 2/2023, relativo a la recepción de sentencias de tribunales internacionales, solicitado por el representante común de las víctimas. La decisión fue adoptada en sesión de Pleno celebrada este 28 de abril.