Un proceso penal abierto en una corte del Distrito Sur de Texas expone un presunto esquema de sobornos vinculado a Petróleos Mexicanos, en el que la negociación de un contrato por 540 millones de dólares habría sido gestionada mediante conversaciones en WhatsApp entre empresarios, intermediarios y un funcionario de la petrolera. Latinus reveló el martes un nuevo caso de corrupción relacionado con la empresa productiva del Estado.
De acuerdo con información difundida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con base en la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las conversaciones iniciaron al menos desde enero de 2020, cuando ejecutivos de una empresa proveedora de equipo con sede en Texas buscaron asegurar el contrato mediante pagos ilícitos.
Las transcripciones integradas en el expediente judicial detallan el tono de las negociaciones. En uno de los mensajes, fechado el 22 de mayo de 2020, un participante reclamó: “Como siempre (el funcionario) promete, y luego nunca cumple”, mientras que otro sugirió modificar el esquema: “deberíamos eliminar las comisiones (o sobornos) del funcionario”. La respuesta de uno de los intermediarios fue directa: “Hoy verifico con el funcionario de Pemex”.
Según la acusación, el esquema operó a través de una red de intermediarios que incluyó empresas en México y Texas. Uno de los señalados es Alfonso Wilson, quien habría fungido como enlace con el funcionario de Pemex para influir en la adjudicación del contrato.
Las conversaciones también reflejan la intención de mantener al funcionario dentro del acuerdo. En otro intercambio, uno de los involucrados advirtió: “no es un enemigo hoy… creo que sigue siendo el mejor aliado en este negocio”, en referencia a la conveniencia de sostener la relación para garantizar el contrato.
El contrato fue adjudicado en diciembre de 2021 y, de acuerdo con reportes, fue firmado por Javier Núñez López, identificado como cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque los documentos judiciales no mencionan de forma directa a la empresa beneficiaria, reportes especializados señalan a la compañía texana Drillmec como posible receptora del contrato.
La investigación señala que los pagos vinculados al esquema continuaron después de la adjudicación. Entre julio y noviembre de 2023 se habrían realizado transferencias por 415 mil 800 dólares a través de empresas intermediarias, lo que, según las autoridades estadounidenses, forma parte de una conspiración para “obtener y conservar” el contrato mediante prácticas ilícitas.
El caso se suma a otros señalamientos sobre asignaciones en Pemex durante el periodo 2019-2023, en el que, de acuerdo con reportes, Javier Núñez López participó en la firma o supervisión de contratos por montos millonarios. La investigación en curso en Estados Unidos mantiene bajo reserva la identidad del funcionario señalado dentro de la petrolera.