En un esfuerzo por proteger a menores de edad en el ámbito turístico, la diputada Rocío Abreu (Morena) presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Turismo, con el fin de establecer medidas obligatorias para verificar la relación entre adultos y los menores que los acompañen en servicios de alojamiento. Esta iniciativa busca combatir el creciente problema del turismo sexual infantil en el país, fenómeno que afecta principalmente a destinos turísticos y a menores de edad en situación de vulnerabilidad.
La propuesta de Abreu, que fue turnada a la Comisión de Turismo, plantea cambios en los artículos 58 y 62 de la Ley General de Turismo. Uno de los puntos principales es que se exigirá a los huéspedes mayores de edad que acrediten su mayoría de edad y su relación legal con cualquier menor que los acompañe, ya sea a través de la patria potestad, tutela o custodia. Si los huéspedes no pueden comprobar estos vínculos, los prestadores de servicios deberán notificar a las autoridades para que se tomen las medidas necesarias y aplicar sanciones conforme a las leyes vigentes.
Adicionalmente, la iniciativa contempla que los prestadores de servicios turísticos, como los hoteles y plataformas de alojamiento digital, notifiquen a las autoridades cuando sospechen o detecten situaciones que podrían estar relacionadas con delitos de explotación sexual infantil. El proyecto de reforma también incluye un plazo de 90 días hábiles para que el Poder Ejecutivo Federal modifique el Reglamento de la Ley General de Turismo. En particular, se buscará actualizar el artículo 83 para que las plataformas digitales de alojamiento se integren al Registro Nacional de Turismo, lo cual permitiría una supervisión más estrecha sobre las actividades de hospedaje en el país.
Abreu subrayó la gravedad del turismo sexual infantil en México, señalando que alrededor de 17 mil menores han sido víctimas de explotación sexual, según datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En al menos 22 estados del país se han registrado casos de explotación de menores, y en los principales destinos turísticos la situación es aún más alarmante, con más de 16 mil menores sometidos a prostitución.
La diputada mencionó también el informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que estima que el 36% de los clientes de explotación sexual infantil provienen de países como Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa. A pesar de la magnitud del problema, el índice de condenas es bajo: de cada 100 investigaciones en las que menores de edad son víctimas, solo una logra obtener una sentencia condenatoria.
La situación es particularmente crítica en Puerto Vallarta, Jalisco, donde la explotación sexual infantil ha aumentado significativamente. Datos del Observatorio Integral de la Región Turística Puerto Vallarta-Bahía de Banderas muestran que los casos de prostitución infantil y corrupción de menores pasaron de 157 en 2019 a 201 en 2024, lo que representa aproximadamente el 7% de las víctimas de abuso infantil en el estado de Jalisco.
Con esta iniciativa, la diputada Abreu busca promover un entorno más seguro para los menores y hacer frente a la creciente problemática del turismo sexual infantil en el país. La propuesta es un llamado a la acción tanto para las autoridades como para la sociedad en general, con la esperanza de que las reformas a la Ley General de Turismo puedan contribuir a disminuir este delito que afecta a los sectores más vulnerables de la población.