La discusión del llamado “Plan B” de reforma electoral volvió a tensar el ambiente en la Cámara de Diputados. Legisladoras y legisladores del PRI afirmaron que el dictamen impulsado bajo el argumento de austeridad no atiende los problemas reales del país y, por el contrario, vulnera la representación democrática, el federalismo y el diseño institucional. Desde el inicio de la sesión ordinaria, la bancada presentó mociones suspensivas al señalar que no se consultó a pueblos y comunidades indígenas, como exige la Constitución.
Alejandro Domínguez y Erubiel Alonso encabezaron las solicitudes de suspensión, argumentando que el dictamen es un distractor frente a crisis como el derrame petrolero en el Golfo de México, el huachicol fiscal, las desapariciones y la inseguridad. Domínguez advirtió que la narrativa de austeridad se contradice con el incremento de la deuda pública proyectada para 2027 y que la reforma pretende ocultar fallas estructurales mientras la ciudadanía demanda servicios básicos como medicinas, hospitales y mantenimiento carretero.
El legislador subrayó que la propuesta reduce regidurías en apenas 60 municipios de los más de 2 mil 480 ayuntamientos del país, lo que —dijo— no genera ahorros reales. Alonso añadió que, pese a que se promete eliminar privilegios, el análisis detallado muestra efectos contrarios y un impacto mínimo en el gasto municipal. Señaló que la desaparición de regidores implicaría un ahorro aproximado de uno por ciento, mientras se omiten temas de mayor impacto presupuestal.
La diputada Abigail Arredondo sostuvo que la reforma no corrige problemas estructurales del sistema electoral, como la sobrerrepresentación, el cambio constante de partido o la intervención del crimen organizado en procesos electorales. Afirmó que el dictamen debilita contrapesos y equilibrios, y advirtió que su aprobación podría conducir a un modelo de concentración de poder.
Nadia Navarro calificó el proyecto como un discurso vacío que pretende centralizar decisiones que corresponden a estados y municipios, lo que —señaló— atenta contra el federalismo. Emilio Suárez, por su parte, cuestionó que se hable de austeridad sin considerar los sobrecostos del Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA, que sumados al huachicol fiscal representarían 1.4 billones de pesos, suficientes para financiar el presupuesto del INE durante décadas o para organizar más de un centenar de procesos electorales.
Al cierre del debate, la bancada priista reiteró que no acompañará un dictamen que, a su juicio, erosiona la división de poderes y pone en riesgo la vida democrática del país. Subrayaron que México requiere reformas construidas con responsabilidad, apertura y respeto al pluralismo, no decisiones apresuradas ni impuestas desde la soberbia legislativa.