La mañana del lunes 20 de octubre fue hallado sin vida Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), cuyo cuerpo presentaba signos de violencia y fue localizado cerca de la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, en la zona de Tierra Caliente, Michoacán. El crimen fue confirmado por la Fiscalía General del Estado (FGE), que inició las diligencias correspondientes conforme a la ley y trasladó los restos al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la autopsia.
Bravo Manríquez era una figura clave en el impulso de la producción limonera en el Valle de Apatzingán y un férreo denunciante de las extorsiones que sufrían los citricultores por parte del crimen organizado asentado en la región. Su última aparición pública fue el lunes 13 de octubre, durante la protesta de limoneros que se sumaron al Paro Nacional para exigir mejores condiciones para el campo y precios justos por el fruto, cuya producción supera los ingresos que reciben los agricultores.
El hallazgo del cuerpo fue reportado por civiles que transitaban la zona y alertaron al número de emergencias 911, lo que movilizó a las fuerzas armadas. En el lugar se desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) y la Policía Municipal de Apatzingán, con el objetivo de localizar a los agresores, quienes huyeron tras perpetrar el atentado y hasta el momento no han sido identificados ni detenidos.
La muerte de Bravo Manríquez ha generado consternación entre los productores agrícolas, quienes lo consideraban un líder valiente y comprometido con la defensa del gremio. Su asesinato ocurre en un contexto de creciente tensión entre los trabajadores del campo y los grupos delictivos que operan en la región, donde la inseguridad representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo agrícola.
“Ni con toda la seguridad con la que se movía fue suficiente”, comentan productores locales, que ahora exigen justicia y garantías para continuar con su labor. El crimen no solo representa una pérdida para el sector limonero, sino también un golpe a la organización gremial que busca condiciones dignas y seguras para el campo mexicano.