Washington, DC, 28 de agosto de 2024 – Durante una sesión del Consejo Permanente, la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó un contundente informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. El documento, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y liderado por su presidenta Roberta Clarke, reveló graves violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país sudamericano, exacerbando la crisis política y social que atraviesa la nación.
El informe resalta que, durante la última década, se ha documentado una alarmante continuidad en la perpetración de crímenes de lesa humanidad, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y persecución política. Estas violaciones, señaladas por organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la propia CIDH, subrayan la impunidad que prevalece bajo el régimen del presidente de facto Nicolás Maduro.
El contralor de la OEA destacó la importancia del principio de complementariedad para abordar las deficiencias del sistema de justicia en Venezuela. Este principio busca intervenir cuando la justicia nacional es incapaz de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, asegurando así que no queden impunes. Sin embargo, la falta de separación de poderes y la cooptación del sistema judicial en Venezuela han convertido la justicia en un arma de doble filo: por un lado, protegiendo a los perpetradores, y por otro, persiguiendo a disidentes y opositores.
En un giro preocupante, se señaló la reciente designación de Diosdado Cabello como Ministro del Interior y Justicia, consolidando aún más el control del régimen sobre las instituciones judiciales y garantizando la impunidad para los más altos responsables de crímenes de lesa humanidad.
El informe también cuestionó la legitimidad del proceso electoral en Venezuela, destacando la opacidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la falta de verificación de los resultados, lo que genera desconfianza en el proceso democrático del país.
La OEA reiteró su compromiso de continuar exigiendo justicia internacional para las víctimas de estos crímenes, subrayando que diez años de impunidad son intolerables. Además, se reconoció el valor del pueblo venezolano que, a pesar de las difíciles circunstancias, sigue luchando por la democracia.
La organización reafirmó que seguirá abordando la situación en Venezuela hasta que se logre una verdadera transición democrática y se ponga fin a la impunidad que ha caracterizado al régimen actual.