Ciudadanos de la comunidad de El Calvario, en el municipio de Quiroga, demandaron al Gobierno de Michoacán la revocación inmediata del autogobierno reconocido oficialmente para esa zona, al señalar que la decisión se tomó sin consulta previa, sin información clara y sin considerar a la mayoría de los habitantes que no se identifican como comuneros ni como parte de un sistema de usos y costumbres.
Durante una asamblea pública, los habitantes expusieron que desde hace meses solicitaron audiencia con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, sin obtener respuesta. Afirmaron que la falta de atención ha generado inconformidad, pues consideran que sus derechos fueron vulnerados al incluirlos en un esquema de presupuesto directo sin haber sido consultados.
En un documento leído ante autoridades municipales y representantes estatales, los ciudadanos señalaron que el autogobierno fue reconocido “de manera unilateral”, lo que derivó en la suspensión de servicios públicos municipales en la zona. Ante ello, anunciaron el inicio de manifestaciones pacíficas en oficinas estatales, dependencias municipales y carreteras, acompañadas de un pliego petitorio.
El primer punto del documento exige la revocación del autogobierno del Calvario. El segundo rechaza cualquier diálogo con el subsecretario de Enlace Legislativo, Humberto Urquiza Martínez. Los habitantes insistieron en que no fueron informados sobre los alcances del modelo ni sobre los límites territoriales que abarcaría.
Autoridades municipales señalaron que se solicitó al INEGI y al INPI información oficial sobre la delimitación de barrios y la estructura de gobierno aplicable, pero hasta ahora no han recibido respuesta. Indicaron que, aunque existe un documento presentado ante notario por integrantes del autogobierno con una propuesta de colindancias, no se ha confirmado de manera oficial qué calles y cuántos habitantes quedarían dentro de esa jurisdicción.
Los asistentes cuestionaron que solo existan 38 comuneros registrados en los libros agrarios, mientras que el autogobierno habría incluido a más de 6 mil personas sin consulta previa. Afirmaron que la comunidad no se rige por usos y costumbres, que la mayoría vive bajo un régimen de pequeña propiedad y que no desean incorporarse a un sistema que no reconocen.
También señalaron inconsistencias en la asamblea del 10 de enero de 2025, mencionada en el Diario Oficial, asegurando que ninguno de los habitantes presentes fue convocado o participó en ella. Reiteraron que no buscan desconocer los derechos de la comunidad indígena, pero exigen que cualquier determinación se limite a quienes acrediten esa calidad y no se extienda a toda la población.
Los ciudadanos pidieron que el gobernador acuda personalmente a la comunidad para definir una ruta de solución y aclarar el estatus jurídico del autogobierno. Advirtieron que continuarán con acciones organizadas hasta obtener una respuesta formal del Gobierno del Estado.