Pedro Hugo Montero
El jefe del gobierno capitalino, Martí Batres presentó y publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un decreto de reforma al artículo 3 de la Constitución local, supuestamente para armonizarlo con lo establecido en el artículo 27 de la Carta Magna federal en materia de propiedad privada, pública y social, quien si le creyó fue el presidente de la Coparmex CDMX, Adalberto Ortiz. Evidentemente, el tema ha generado sendas suspicacias sobre el impacto que esto tendría en las inversiones privadas en el ámbito inmobiliario, en especial si se toman en cuenta las disposiciones contenidas en el decreto para establecer topes al tema de rentas, ahí la incongruencia de Ortiz, está bien buscar acuerdos pero no en contra de sus representados ni de sus intereses, pues el actual gobierno y el siguiente han mostrado su desprecio en contra de los desarrolladores privados, muchos de los cuales han sido perseguidos por el estado vía UIF y FGJCDMX por el tema del denominado cártel inmobiliario, cuando la 4T está armando el propio. ¿Batres querrá expropiar lo que no puede o pudo comprar?
Si bien el marco legal de la vivienda en la CDMX está estructurado en torno a la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, que busca garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, las recientes reformas legislativas, como se detalla en el documento de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX, muestran ajustes significativos que podrían tener implicaciones amplias
Es por ello por lo que el tema de la vivienda en la Ciudad de México ha vuelto a ser un tema candente, especialmente en el contexto de la reciente controversia sobre la protección de la propiedad privada y las implicaciones de las políticas habitacionales actuales. A medida que la metrópoli enfrenta un crecimiento urbano imparable y cambios en la legislación, las tensiones entre la protección de derechos individuales y los intereses públicos se han intensificado.
Mauricio Flores en Mexinius advirtió que las nuevas políticas para atraer inversiones y facilitar el nearshoring han desencadenado una serie de conflictos sobre la propiedad privada. Desde su perspectiva las iniciativas para reordenar y desarrollar áreas urbanas en respuesta a las presiones económicas han generado preocupaciones sobre la posible erosión de los derechos de propiedad, especialmente en un contexto donde las leyes y regulaciones se están ajustando para satisfacer las demandas del mercado global.
Desde otro ángulo Alejo Sánchez-Cano, en El Financiero, señala los riesgos que enfrentan los propietarios en la CDMX. Pues considera que las recientes reformas y propuestas legislativas podrían poner en peligro la seguridad jurídica de la propiedad privada, afectando tanto a pequeños propietarios como a grandes inversores.
Las reacciones de los usuarios de la red social X, refuerzan estas preocupaciones, en términos generales reflejan una percepción extendida de que las reformas tienen un impacto devastador en la propiedad privada a nivel nacional, hay varios comentarios que reflejan frustración generalizada con el manejo de los recursos y servicios en medio de las reformas. Se resalta el temor a un posible despojo de bienes personales bajo el pretexto de reformas legislativas.
Llamó mi atención el post de J (@jplr9968): «Disfruten lo votado Chilangos Bienvenidos a la Venezuelización 🇻🇪 de México 🇲🇽. Díganle ADIÓS a la #PropiedadPrivada que ahora todos sus Bienes que se han comprado con tanto sacrificio, Negocios, Casas, automóviles, etcétera, ahora son #PropiedadDelEstado por DECRETO de @martibatres.»
La situación de la vivienda en la Ciudad de México es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta la ciudad en términos de desarrollo y derechos de propiedad. Las opiniones en redes sociales y los comentarios críticos sobre las reformas subrayan una preocupación generalizada sobre cómo estas políticas podrían afectar la seguridad y la justicia en la vivienda.
La capacidad de la ciudad para gestionar estos cambios determinará no solo el futuro del mercado inmobiliario, sino también la calidad de vida de sus ciudadanos. Es crucial que las autoridades locales consideren estas perspectivas y trabajen para asegurar una implementación justa y equilibrada de las políticas habitacionales, garantizando que cada residente tenga acceso a una vivienda digna y segura.