Pedro Hugo Montero
El poder judicial en México enfrenta un momento crítico que se puede entender a través de un trilema, una situación donde los jueces y magistrados se encuentran divididos entre tres opciones complejas: mantener su integridad judicial, asegurar su supervivencia económica, y navegar las presiones políticas que, bajo el disfraz de reformas, intentan influir en su independencia.
Primera opción: Mantener la integridad judicial
Los jueces y magistrados han jurado defender la justicia de manera imparcial, y la integridad es el pilar de su labor. Sin embargo, en tiempos recientes, la tentación de aceptar “manzanas envenenadas” —como la analogía con Blanca Nieves— en forma de favores políticos o promesas de poder, se ha convertido en una amenaza real para su autonomía. La presión política, como el caso de Adán Augusto López acercándose a los ministros pone a prueba su capacidad de resistir las tentaciones que podrían comprometer su función judicial. Mantenerse íntegros es sin duda la opción más ética, pero también la más difícil, especialmente cuando las consecuencias de desafiar al poder pueden ser graves. La pretensión real de López Obrador es que renuncien antes del 15 de octubre de este año pero con efectos a agosto de 2025. ¿Por qué? Para garantizar que no se postularán en las convocatorias del próximo año, que por cierto el INE ya está “organizando” sin reglas secundarias, razón por la cual ya urgió al congreso a aprobar las que contengan las reglas para el proceso electoral del nuevo poder judicial.
Segunda opción: Supervivencia económica
Con la reciente reforma judicial, muchos jueces y magistrados han decidido adelantar sus jubilaciones, temiendo perder no solo su independencia, sino también su estabilidad económica. Este factor se convierte en un dilema real para aquellos que dependen de sus posiciones para asegurar su futuro financiero. La reforma parece ser la manzana tentadora que promete cambios necesarios, pero en realidad amenaza con poner en peligro la imparcialidad del poder judicial. Aquí entra en juego la disyuntiva entre seguir adelante con sus principios o asegurar una retirada digna y económicamente estable, como lo han hecho varios magistrados, aunque se redujeron los años de servicio y edad para jubilarse, las pensiones están topadas a lo que otorgue el ISSSTE y de ninguna manera es posible que mantengan el mismo nivel de ingreso, además los requisitos no todos los pueden cumplir.
Tercera opción: Ceder a las presiones políticas
El tercer vértice del trilema es quizás el más seductor: ceder ante las presiones del poder político. Como en la frase de El Padrino, “una oferta que no se puede rechazar”, muchos jueces podrían verse tentados a aceptar acuerdos que aseguren su supervivencia económica o su permanencia en el cargo, pero a costa de su independencia. Esto podría tomar la forma de “colaborar” con el poder ejecutivo o legislar en favor de agendas políticas. La tentación de ceder podría verse como una vía más simple, pero las consecuencias para la justicia y la sociedad serían devastadoras, comprometiendo el sistema judicial en su totalidad. Eso es finalmente “normalizar la corrupción” en el Poder Judicial, que es lo que se supone se pretende evitar con la reforma recientemente aprobada.
El equilibrio imposible
Este trilema se vuelve imposible de resolver cuando las tres opciones tienen costos significativos. Si los jueces eligen defender su integridad, pueden perder su estabilidad financiera. Si optan por asegurar su retiro o aceptar presiones, traicionan su misión de impartir justicia de manera imparcial. Es un equilibrio que parece inalcanzable en un contexto donde la justicia está siendo atacada desde varios frentes.
En última instancia, los jueces enfrentan una decisión difícil entre estas tres opciones, y ninguna parece completamente satisfactoria. Mantener la integridad judicial a toda costa puede ser el camino más ético, pero también el más arriesgado. Aquellos que decidan ceder a las presiones políticas o buscar una salida más segura comprometerán su legado, y la independencia del poder judicial sufrirá las consecuencias. Así, este trilema es un reflejo de la complejidad del entorno actual y de las decisiones que los jueces deben tomar en un sistema judicial que se ve continuamente asediado por las tentaciones del poder.
Este trilema no solo afecta a los jueces en lo individual, sino que pone en riesgo la confianza de la sociedad en la justicia, una manzana envenenada que ningún sistema democrático puede permitirse morder.
Estoy seguro de que habrá alguien que lo resuelva y pueda trascender en un mundo de ofertas tentadoras, y se mantenga incorruptible, porque la justicia no tiene precio.