El debate legislativo sobre seguridad vial sumó un nuevo capítulo con la iniciativa presentada por el diputado federal Luis Gerardo Sánchez, quien propuso reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para establecer lineamientos técnicos homologados en la aplicación de pruebas de alcoholemia en todo el país. La propuesta busca ordenar un sistema que hoy opera bajo criterios dispares entre entidades federativas y que, según el legislador, ha generado incertidumbre jurídica y desconfianza ciudadana.
Actualmente, los operativos conocidos como Alcoholímetro funcionan con diferencias significativas en calibración de dispositivos, procedimientos de aplicación, cadena de custodia y mecanismos de reporte. Estas variaciones, señaló Sánchez, han derivado en cuestionamientos sobre la confiabilidad de las pruebas y en dudas sobre la legalidad de las detenciones y sanciones derivadas de ellas.
La iniciativa plantea que el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial emita lineamientos de observancia general que definan estándares técnicos claros y verificables. Entre ellos, la calibración y certificación de los dispositivos de medición, los procedimientos para aplicar las pruebas, el registro y resguardo de resultados, así como los mecanismos de reporte que garanticen trazabilidad y transparencia.
El legislador enfatizó que la reforma no pretende crear nuevos operativos ni imponer cargas administrativas adicionales a los gobiernos locales. Su objetivo, dijo, es reducir la discrecionalidad, fortalecer la certeza jurídica y consolidar una política preventiva eficaz frente a los siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol. Añadió que la homologación de criterios permitirá mejorar la defensa legal de las autoridades y, al mismo tiempo, reforzar la confianza de la ciudadanía en los procedimientos.
Sánchez sostuvo que la estandarización de los operativos de alcoholemia es un paso necesario para avanzar hacia un sistema nacional de movilidad más seguro y coherente, donde las reglas sean claras y aplicables en cualquier punto del territorio. Con esta propuesta, el Congreso abre la puerta a una discusión que podría redefinir la forma en que se ejecutan y supervisan los controles de alcohol en México.