Morelia, Michoacán.– El Instituto de la Defensoría Pública de Michoacán enfrenta señalamientos por prácticas de hostigamiento laboral bajo la dirección de Felipe Morales Correa. Entre las acusaciones se encuentran la negación sistemática de permisos contemplados en la Ley de los Trabajadores del Ejecutivo, traslados punitivos, presiones para provocar renuncias, trato desigual entre regiones y privilegios políticos hacia ciertos perfiles.
De acuerdo con testimonios internos, al menos cinco personas con más de 18 años de antigüedad renunciaron en noviembre, mientras más de 150 defensoras y defensores permanecen en riesgo. Una persona defensora de oficio, que pidió mantener su identidad reservada por temor a represalias, describió un ambiente marcado por amenazas veladas y decisiones discrecionales. Señaló que el director clasifica a las y los defensores como trabajadores de confianza sin cumplir con ese perfil legal, lo que restringe derechos como licencias y permisos.
Las denuncias incluyen el uso de cambios de adscripción como mecanismo de presión. Tres personas fueron enviadas de manera abrupta a Zamora, Apatzingán y Uruapan, bajo la advertencia de despido si no se presentaban en tres días. La práctica ha derivado en renuncias de personal con décadas de servicio, mientras continúan en funciones personas recién ingresadas.
Se reporta también un trato preferencial hacia personal de regiones como Zacapu y Paracho, atribuido a vínculos políticos del director con la diputada Eréndira, originaria de esa zona. Según los testimonios, esta operación interna beneficia a un grupo reducido y castiga a quienes no forman parte de ese círculo.
El instituto enfrenta además una crisis de profesionalización. Se ha señalado la contratación de personal sin perfil litigante ni experiencia, lo que ha derivado en errores procesales que afectan directamente a las personas representadas. A ello se suma la precarización económica: diez años sin aumento salarial, despensas de 300 pesos mensuales y bonos de quinquenio de entre 200 y 300 pesos. Los salarios oscilan entre 18 mil y 25 mil pesos, con gastos de diligencias cubiertos por el propio personal.
La carga laboral es elevada. Cada defensora o defensor atiende entre 50 y 100 asuntos familiares y entre 40 y 50 penales, con traslados constantes a fiscalías, juzgados y regiones distantes, sin apoyo logístico.
Los testimonios refieren además que Morales Correa asegura actuar bajo instrucciones del gobernador, lo que alimenta la percepción de falta de independencia y limita la posibilidad de denunciar. El clima de temor ha llevado a que las exigencias al Ejecutivo se presenten en documentos firmados colectivamente, sin nombres individuales, para evitar represalias.
Las demandas centrales incluyen detener lo que califican como “mutilación de derechos laborales”, revisar los cambios de adscripción, reconocer permisos previstos en la ley, transparentar las bases de operación y frenar el uso político del instituto.