Desde Tijuana, ciudad fronteriza marcada por ciclos de violencia y recuperación, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) emitió un posicionamiento público el 14 de noviembre de 2025, en el que llama a una acción coordinada y urgente frente al crecimiento del delito de extorsión en el país. Acompañados por 71 presidentas y presidentes de sus Centros Empresariales, representantes de más de 100 ciudades, la organización empresarial señaló que México enfrenta una crisis de seguridad que afecta directamente la vida económica, social y comunitaria.
El documento parte del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, como símbolo de una violencia que ha dejado de ser episódica para convertirse en estructural. COPARMEX identifica la extorsión y el cobro de piso como delitos que han dejado de ser marginales y que ahora definen la dinámica de múltiples territorios y sectores productivos. Según cifras oficiales, en lo que va del año se han registrado 8,585 víctimas de extorsión, con un incremento del 5.2% respecto al año anterior. En los 43 municipios fronterizos, el aumento ha sido del 15.2%, concentrando el 11.8% de las víctimas. La organización advierte que estas cifras no contemplan la llamada “cifra negra”, es decir, los casos no denunciados por temor a represalias o por desconfianza en las autoridades.
El posicionamiento subraya que la expansión de la extorsión representa una falla institucional grave, que pone en riesgo la libertad económica, la convivencia social y la autoridad legítima del Estado. En este contexto, COPARMEX hace un llamado directo al Gobierno Federal para encabezar una estrategia nacional contra la extorsión, con perspectiva de Estado y sin condicionamientos partidistas. También exhorta a los congresos y autoridades locales a armonizar la legislación y reorganizar presupuestos y estructuras operativas.
En el ámbito legislativo, la organización urge al Senado de la República a dictaminar de inmediato la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, ya aprobada por la Cámara de Diputados. Esta ley busca homologar criterios, fortalecer fiscalías y cerrar espacios de impunidad. A los gobiernos estatales y municipales, COPARMEX les solicita depurar, profesionalizar y fortalecer sus cuerpos policiales, señalando que sin presencia territorial ni capacidad de respuesta, cualquier estrategia resulta insuficiente.
El documento también plantea el papel de la sociedad civil y del sector empresarial en la reconstrucción del tejido social. COPARMEX se compromete a generar diagnósticos territoriales, mapas de riesgo, protocolos de atención a víctimas, y espacios de diálogo multisectorial. Además, propone impulsar pactos locales por la paz, programas de empleo y capacitación, y mecanismos de denuncia segura.
La organización concluye que México no está condenado, pero sí exige una respuesta de Estado y una sociedad que acompañe, exija y participe. Frente a miles de empresas, familias y trabajadores que necesitan certezas, COPARMEX afirma que no normalizará el miedo ni aceptará la renuncia del Estado a su función esencial. El posicionamiento se presenta como un compromiso ético y cívico, en un momento que consideran decisivo para recuperar la esperanza con hechos.