El Consejo Profesional de Empresarios de México (CPEM) condenó este lunes el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido en la comunidad de Los Tepetates, Michoacán. La organización empresarial calificó el hecho como un golpe directo al sector agroindustrial de la región y exigió a las autoridades el esclarecimiento inmediato del crimen.
Isaac Díaz González, presidente del CPEM, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para garantizar condiciones mínimas de seguridad para los productores, empresarios y trabajadores del campo michoacano. En su pronunciamiento, subrayó que la violencia en zonas agrícolas no solo afecta a las víctimas directas, sino que compromete la estabilidad económica de regiones enteras.
“El sector empresarial reitera su compromiso con la paz, la legalidad y el desarrollo de Michoacán, convencido de que solo en un entorno de seguridad y Estado de Derecho es posible generar empleo, inversión y bienestar social”, declaró Díaz González, al tiempo que instó a mantener la unidad y el diálogo como herramientas para enfrentar la violencia.
El asesinato de Bravo ocurre en un contexto de creciente presión sobre los productores agrícolas en regiones con alta presencia de actividades delictivas. La citricultura, particularmente en el Valle de Apatzingán, ha sido una de las actividades más afectadas por extorsiones, amenazas y disputas territoriales, lo que ha generado preocupación entre los actores económicos locales.
El CPEM advirtió que la falta de condiciones de seguridad pone en riesgo la continuidad de proyectos productivos y desalienta la inversión en zonas rurales. En ese sentido, el organismo reiteró su disposición a colaborar con las autoridades, pero insistió en que la responsabilidad de garantizar la integridad de quienes trabajan en el campo recae en el Estado.
La organización concluyó su posicionamiento con un exhorto a la sociedad y a los gobiernos federal, estatal y municipal para construir un entorno donde prevalezcan la justicia y la paz, y donde los crímenes contra líderes productivos no queden impunes. El caso de Bernardo Bravo se suma a una lista de agresiones que, según diversos sectores, requieren una respuesta institucional más contundente.