En una sede alterna, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por mayoría calificada, el dictamen de reformas constitucionales que impactan directamente al Poder Judicial de la Federación. Con 359 votos a favor, 135 en contra y ninguna abstención, el proyecto fue avalado gracias al respaldo decisivo de la alianza entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, de Morena, quien ocupaba la presidencia de la Mesa Directiva, informó que para la discusión en lo particular se reservaron todos los artículos del proyecto de decreto, así como los artículos transitorios. Esta decisión anticipa un debate detallado sobre cada una de las disposiciones que se pretenden reformar, adicionar o derogar en la Constitución Política.
Entre los puntos más destacados del dictamen, se incluye la elección por voto popular de magistrados de Circuito, jueces de Distrito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), proceso que estaría a cargo del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se propone reducir el número de ministros de la SCJN a nueve, con un mandato de 12 años.
El dictamen también establece un plazo máximo de seis meses para que las autoridades competentes emitan sentencias. En caso de incumplimiento, se deberá notificar al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar a los funcionarios judiciales que no cumplan con los plazos establecidos.
Las nuevas disposiciones también redefinen el procedimiento de elección para los altos cargos del Poder Judicial, incluyendo a los ministros de la SCJN, magistrados de Circuito, jueces de Distrito, y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral. Además, el Tribunal de Disciplina Judicial se encargará de investigar y sancionar a servidores públicos del Poder Judicial que incurran en actos contrarios a la ley.
El Pleno de la Cámara desechó, en votación económica, dos mociones suspensivas presentadas por legisladores del PAN y MC, que buscaban detener el procedimiento y ampliar el diálogo.
Este dictamen, que aún debe ser discutido en lo particular, representa un cambio significativo en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, con implicaciones de gran alcance para el sistema de justicia en México.