Por M en D Alfonso Villagómez León.
Avanzando el mes de mayo, padeciendo los calores casi al grado de llevarnos a vivir uno de los escenarios dantescos en la Divina Comedia, por ende invitando a portarnos mejor, tengo el agrado de reencontrarme con ustedes amables lectores, nuevamente con un tema polémico a favor y en contra: la decisión de nuestros Diputados de la LXXV Legislatura Michoacana, a quienes sus asesores los convencieron con el pensamiento populista de “a más años de cárcel, menos delincuentes habrá” idea que en concepto de quien esto escribe dista mucho de la realidad.
A fin de introducirles en el tema, es necesario traer a colación el acuerdo casi unánime del Congreso del Estado de Michoacán, para elevar las penas máximas de prisión, anteriormente el tope era de cincuenta años y a partir de esta reforma conforme a la Constitución Local las penas privativas de la libertad no podrán en ningún caso exceder de sesenta años (artículo 94).
Ahora bien, ¿cuál es el motivo de este aumento? Indudablemente pretender un paliativo en la conciencia social, la cual percibe una impunidad por la comisión de delitos, se pretende hacerles partícipes de un populismo punitivo, como si llenar cárceles y tenerlos ahí más tiempo guardados fuera la solución.
Sería interesante conocer, si realmente nuestros Diputados analizaron los efectos generados por las penas privativas de la libertad en nuestro país, si verdaderamente funciona la reinserción social de los primo delincuentes o en sentido contrario resulta ser que su estancia en los centros de reclusión funciona como Universidad del Crimen, ingresando por un delito simple no grave, para graduarse al egresar como traficantes, violadores, homicidas, ladrones y una larga lista de especialidades obtenidas en la prisión.
Al hilo de lo anterior expertos en este tema aseguran que el alza en las penas privativas de la libertad, no son disuasivas mucho menos tienen una función preventiva. Un delincuente no analiza a cuantos años de cárcel se puede hacer acreedor si comete un delito, es más, me atrevo a asegurar su total desconocimiento al respecto.
Por otra parte, si a un joven de dieciocho años le impusieran una sanción del máximo grado -sesenta años- al salir tendría setenta y ocho años, ¿cree Usted estaría en condiciones de salud o físicas para volver a delinquir? Solo de esa manera se justifica la pretensión de la reforma al considerar necesaria una larga estancia en reclusión para disuadirle de volver a delinquir, o más bien ¿será el fin, atiborrar las cárceles y mantener con nuestros impuestos de por vida a los delincuentes?
Resulta oportuno hacer un análisis crítico sobre la dudosa efectividad y necesidad del endurecimiento de las penas, ¿no considera usted que el fenómeno de la delincuencia debiera ser atajado desde la motivación del individuo para delinquir? ¿sería conveniente las autoridades conocieran las causas reales de la realización de los delitos? En reiteradas ocasiones el ladrón aduce haberlo hecho por falta de oportunidades, por hambre, por necesidad ¿no debiera el Estado gobernar y atender eso?
Estará Usted de acuerdo que la búsqueda de soluciones realmente preventivas de la realización de conductas punitivas, es una verdadera labor tanto de los legisladores como del titular del ejecutivo, cada uno en el ámbito de su competencia, hacer políticas públicas y legislar por la educación, valores, fuentes de empleo, mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, por ejemplo, coadyuvan eficazmente en la lucha contra la acción delictiva.
Cierro mis reflexiones reconociendo que, si bien es cierto es muy difícil erradicar totalmente la delincuencia, también lo es debemos admitir que la reinserción social en nuestro país está lejos de cumplir su cometido, por ello me permito parafrasear a Emile de Girardin: Gobernar es prevenir cuestión que, a ojo de buen cubero amable lector, nuestro gobierno estatal y federal están distantes de realizar, ¿o Usted qué opina? lo dejo a su siempre acertada opinión, mil gracias por la amabilidad de su atención.