El Congreso de Aguascalientes opera bajo un diseño institucional que lo coloca en una posición intermedia a nivel nacional, pero con una diferencia estructural en materia de control del gasto público: la entidad de fiscalización superior no depende orgánicamente del Poder Legislativo. Así lo establece el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que identifica a la entidad como parte de los congresos donde la auditoría pública se mantiene fuera de su estructura.
El informe es puntual: únicamente en 16 entidades federativas la instancia encargada de fiscalizar los recursos públicos está integrada al Congreso. Aguascalientes aparece con un “No” en este rubro, lo que implica que el órgano fiscalizador opera desde un esquema independiente. El dato rompe con el modelo predominante en otras entidades, donde el Legislativo concentra tanto la función normativa como el control directo de la revisión del gasto.
En este contexto, el Congreso local legisla y supervisa, pero no administra el aparato técnico que audita el uso de los recursos públicos. La separación institucional redefine el alcance del control legislativo y abre un margen de interpretación sobre la eficacia de los mecanismos de vigilancia.
En cuanto a su estructura operativa, el Congreso de Aguascalientes reporta un total de 266 personas funcionarias. La integración muestra una ligera mayoría de mujeres, con 52.3 por ciento, frente a 47.7 por ciento de hombres. La cifra lo ubica dentro del grupo de legislativos que han alcanzado niveles de paridad en su personal, aunque con una plantilla menor en comparación con congresos de mayor tamaño.
El componente financiero confirma su posición en la franja media. Durante el ejercicio 2024, el Congreso estatal reportó un gasto de 290.2 millones de pesos. A nivel nacional, el conjunto de congresos locales acumuló 15 mil 934 millones de pesos, con una concentración relevante en la Ciudad de México, que absorbió el 12.8 por ciento del total.
Aguascalientes no encabeza el gasto legislativo, pero tampoco se ubica entre los más bajos. Su presupuesto le permite sostener su operación dentro de parámetros medios, sin alcanzar los niveles de las entidades con mayor capacidad financiera ni descender a los rangos más limitados.
El CNPLE 2025 perfila así un Congreso con tres rasgos definidos: una estructura administrativa reducida, un presupuesto en nivel intermedio y un esquema de fiscalización que no está bajo su control directo. La combinación de estos elementos coloca sobre la mesa un punto clave en la discusión pública: el alcance real del Poder Legislativo en la supervisión del gasto y la forma en que se distribuyen las responsabilidades en el sistema institucional estatal.