El Congreso de Michoacán se posiciona como uno de los aparatos legislativos con mayor concentración de recursos humanos y financieros en el país, además de mantener bajo su estructura a la entidad de fiscalización superior. El Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) documenta un esquema donde el Legislativo no solo legisla, sino que también concentra funciones clave de control sobre el gasto público.
El informe ubica a Michoacán como el segundo congreso estatal con mayor proporción de personal a nivel nacional. “El congreso de Jalisco concentró 8.2 % del personal total. Siguió el congreso de Michoacán, con 7.7 por ciento”, detalla el documento. En términos absolutos, la estructura alcanza las 1,015 personas funcionarias, lo que lo coloca entre los más grandes del país.
La integración por sexo muestra una distribución cercana a la paridad, aunque con mayoría masculina: 51.5 por ciento hombres frente a 48.5 por ciento mujeres. El dato refleja equilibrio en la composición, pero sin revertir la tendencia.
En el plano presupuestal, el Congreso michoacano escala posiciones. Durante 2024 ejerció 1,324.5 millones de pesos, una cifra que solo es superada por el Congreso de la Ciudad de México, que reportó 2,044 millones. Este nivel de gasto lo coloca en la parte alta del sistema legislativo nacional, en un contexto donde el conjunto de congresos estatales suma 15 mil 934 millones de pesos.
El diseño institucional refuerza su concentración de poder. A diferencia de otros estados, en Michoacán la entidad de fiscalización superior sí forma parte del Congreso. El CNPLE es claro: la condición de pertenencia es “Sí”. Esto significa que el órgano encargado de auditar el uso de los recursos públicos depende directamente del Poder Legislativo, lo que centraliza en una misma estructura la función normativa y la revisión del gasto.
En materia de participación ciudadana, el censo registra que durante 2024 se habilitaron 149 mecanismos a nivel nacional, con el parlamento abierto como principal vía. En ese universo, Michoacán reporta tres ejercicios, distribuidos en temas de igualdad de género, derechos de las mujeres, juventud y población infantil y adolescente.
El contraste es directo: un Congreso con más de mil personas funcionarias, uno de los presupuestos más altos del país y control sobre la fiscalización, frente a tres ejercicios de parlamento abierto en un año. La relación entre tamaño, costo institucional y alcance de la participación pública queda expuesta en los datos del INEGI, que colocan a Michoacán en el centro del debate sobre la concentración de funciones y recursos en los poderes legislativos estatales.