Durante la sesión de cabildo del Ayuntamiento de Aguascalientes, la regidora Marta Márquez fijó una postura de oposición frente a la iniciativa para adicionar el numeral 1.6 a las bases generales de descuentos y exenciones del ejercicio fiscal 2026, al considerar que el dictamen no responde a criterios de utilidad pública y que reproduce prácticas previamente observadas por el órgano superior de fiscalización del Estado. La propuesta del alcalde plantea exentar el pago del 100% del impuesto predial a quienes fomenten la instalación de hospitales, pero Márquez sostuvo que esta justificación no corresponde a una facultad municipal y que, en los hechos, funcionaría como un mecanismo para encubrir beneficios fiscales a un grupo específico. En tribuna afirmó: “Más bien lo que creo es que quiere justificar los descuentos que año con año las administraciones panistas les hacen a sus cuates del cartel inmobiliario.”
La regidora recordó que el órgano superior de fiscalización ha realizado observaciones al municipio por la entrega de descuentos totales en el impuesto predial a empresas y constructores, y vinculó la nueva política con ese historial. “Porque año tras año desde hace más de cuatro el órgano superior de fiscalización del Estado ha observado… por qué el municipio le otorga el 100% de descuento en el predial a ciertas empresas, a ciertos constructores, a ciertas personas”, expuso, al señalar que el dictamen no garantiza un beneficio generalizado para la población. Desde su perspectiva, la política de descuentos no está orientada a la mayoría de los contribuyentes y debería reorientarse hacia problemas cotidianos como el acceso y el pago del servicio de agua potable. En ese sentido planteó: “Descuento a quien le corten el agua. Eso sí sirve para la gente.”
Márquez sostuvo que, de acuerdo con testimonios de usuarios, no existen descuentos ni convenios efectivos para personas con adeudos en el organismo operador del agua y que el trato hacia sectores vulnerables es especialmente duro. En su intervención afirmó: “Esta es la manera criminal como se trata a la gente más vulnerable de Aguascalientes.” En una segunda participación, profundizó en sus señalamientos y advirtió que el texto del dictamen permite un margen amplio para la aplicación de exenciones, más allá del caso concreto del hospital. “Ustedes están diciendo que el dictamen es para que haya un hospital… pero lo que realmente dice el dictamen es que se permite hacer descuento del 100% del predial… queda abierto”, sostuvo, al insistir en que la redacción abre la puerta a un uso discrecional de los beneficios fiscales.
La regidora también cuestionó el desempeño de MIAA, el organismo operador del agua, y describió las gestiones ciudadanas para obtener algún tipo de apoyo como un proceso complicado. “Es un calvario ir a pedir un descuento a Mía… la gente no tiene agua, por eso pide un descuento”, dijo, al referirse a usuarios que acuden con adeudos acumulados. Añadió que, según lo que le expresan habitantes del municipio, existe la percepción de que el esquema anterior con la empresa privada que operaba el servicio resultaba más flexible en materia de convenios: “La gente dice, ‘Estábamos mejor con Veolia’.” Al cierre de su posicionamiento, Márquez reiteró que votaría en contra del dictamen y llamó a que las decisiones sobre descuentos y exenciones se orienten a atender necesidades directas de la población, en particular en materia de agua y servicios básicos, antes que a consolidar esquemas que, a su juicio, pueden favorecer a un grupo reducido de beneficiarios.