Daniel Pérez Rojas, identificado por las autoridades como un miembro de alto rango del cártel de Los Zetas, se declaró culpable de cargos federales relacionados con el tráfico de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos. De acuerdo con documentos judiciales, Pérez Rojas —conocido como Cachetes y Cachetón 49— desertó de las fuerzas especiales del ejército mexicano en 2001 para integrarse al grupo criminal, donde ascendió hasta ser considerado sucesor del entonces líder Heriberto Lazcano en 2007.
El Departamento de Justicia señaló que Pérez Rojas formó parte de la estructura encargada de garantizar la operación del cártel mediante mecanismos de violencia, corrupción e intimidación. El fiscal general adjunto A. Tysen Duva afirmó que el acusado contribuyó a que Los Zetas mantuvieran un flujo constante de drogas hacia Estados Unidos y sostuvo que la condena representa un recordatorio de que la División Penal continuará persiguiendo a “los miembros violentos de los cárteles” y los hará responsables del daño causado.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) destacó que Pérez Rojas fue extraditado en agosto y subrayó que su declaración de culpabilidad confirma que “nadie escapa a la justicia en Estados Unidos”. Su jefe de operaciones, Matthew W. Allen, afirmó que el gobierno federal utilizará todos sus recursos para proteger al país y enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales.
Las autoridades estadounidenses documentaron que Pérez Rojas participó en operaciones del cártel fuera de México. En 2008 viajó a Guatemala, donde Los Zetas habían entregado sobornos a funcionarios del gobierno recién electo. Durante ese periodo, el acusado sostuvo reuniones con autoridades guatemaltecas y con otros narcotraficantes para coordinar rutas de cocaína. En una de esas reuniones, Pérez Rojas y otros integrantes del cártel asesinaron a un narcotraficante rival y a varios de sus acompañantes.
El acusado se declaró culpable de conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína y más de mil kilogramos de marihuana con destino a Estados Unidos. Su sentencia está programada para el 30 de octubre y enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Un juez federal determinará la condena conforme a las directrices de sentencia y otros criterios legales.
La investigación está a cargo de la DEA, mientras que los fiscales Kirk Handrich, Hunter Smith y Erik Cervantes conducen el caso desde la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso del Departamento de Justicia. La Oficina de Asuntos Internacionales participó en el proceso de traslado desde México, realizado en 2025 bajo la Ley de Seguridad Nacional mexicana.
El Departamento de Justicia indicó que este caso forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa que busca desmantelar cárteles, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico de personas. También se enmarca en los trabajos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, creado para identificar, investigar y enjuiciar delitos cometidos por organizaciones que, según el gobierno estadounidense, han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro del país.