En una escena que volvió a colocar la agenda energética en el centro del debate legislativo, el diputado federal del Partido del Trabajo, Adrián González Naveda, fijó postura contra la fractura hidráulica y anunció la reactivación de una ruta constitucional para prohibirla. Desde conferencia de prensa, acompañado por representantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking y del Frente de Pueblos Organizados de la Huasteca Potosina, el legislador delineó un posicionamiento que cruza medio ambiente, soberanía energética y derechos de los pueblos originarios.
“Esta práctica no garantiza la autosuficiencia energética y, por el contrario, generará severos problemas ambientales en materia de abasto de agua”, sostuvo, al advertir que el uso del fracking no solo compromete recursos hídricos, sino que impacta de manera directa a comunidades indígenas asentadas en zonas potencialmente explotables.
El señalamiento no quedó en diagnóstico. En clave legislativa, González Naveda adelantó que su bancada impulsará una iniciativa para incorporar la prohibición expresa del fracking en el artículo 27 de la Constitución, retomando —dijo— la propuesta planteada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Es un mandato popular que el pueblo de México nos dio desde el 2024, donde ya se incluía en lo que en ese momento llamábamos Plan C: la prohibición de minería en cielo abierto y del fracking”, explicó, al subrayar que esta fue la única reforma de ese paquete que no prosperó.
El diputado encuadró su propuesta en una narrativa de continuidad política y deuda legislativa, al señalar que su intención es reintroducir la reforma para cerrar el ciclo de compromisos adquiridos. En ese contexto, también reconoció la apertura del debate por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien atribuyó una posición compleja frente a la dependencia energética del país.
Mientras tanto, el tema se encamina a un terreno técnico y político. El legislador indicó que se escuchará a un panel de especialistas convocado para analizar el impacto del fracking, aunque dejó claro que la discusión no puede reducirse a criterios técnicos. “En este debate nacional está bien que participemos todas y todos, pero en última instancia les corresponde a los pueblos del territorio que sería afectado”, afirmó.
La intervención cerró con un recordatorio sobre los mecanismos de consulta previstos en la Constitución, al señalar que, en caso de no avanzar la iniciativa, los pueblos originarios cuentan con el respaldo legal para ser consultados como legítimos dueños del territorio.
Así, el posicionamiento del PT reabre un frente legislativo que tensiona la política energética con la agenda ambiental y los derechos colectivos, en un momento en que la definición sobre el modelo de explotación de recursos naturales vuelve a colocarse en la agenda nacional.