El homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, ocurrido el 1 de noviembre, activó una respuesta institucional que involucró a dependencias federales y estatales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, coordinó la investigación junto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Las diligencias incluyeron análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas, vigilancia directa, revisión de dispositivos móviles y reconstrucción cronológica de los hechos. El resultado fue la identificación de Jorge Armando N, alias “el licenciado”, como presunto autor intelectual del crimen y líder de la célula delictiva que lo planeó. Su detención se realizó en la colonia Centro de Morelia mediante un operativo conjunto.
La investigación también identificó a Víctor Manuel N como el agresor directo, quien fue neutralizado durante el ataque. Fernando Josué N y Ramiro N fueron señalados como acompañantes del agresor en las horas previas al homicidio. Ambos fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre en la carretera Uruapan-Paracho. Sus teléfonos móviles fueron recuperados al día siguiente.
El análisis de los dispositivos reveló la existencia de un grupo de mensajería en el que se coordinó la agresión. Ramiro N compartió ubicaciones y videos en tiempo real. A las 18:06 horas envió un video desde el lugar del ataque. A las 19:45 horas se reportó la presencia del alcalde en un evento público. A las 20:00 horas se informó que el tirador había sido sometido y que Carlos Manso estaba siendo atendido. A las 20:14 horas se solicitó la recolección de Fernando Josué N.
Las conversaciones atribuyen a Jorge Armando N la emisión de órdenes directas, incluyendo la instrucción de disparar sin considerar la compañía del alcalde y la eliminación de mensajes tras la ejecución. También se documentaron rutas de escape y se identificó a Ramiro N como instructor en el uso de armas de fuego, con prácticas de castigo físico a quienes no cumplían las órdenes.
Las autoridades señalaron que la captura de Jorge Armando N representa un avance en el desmantelamiento de una red criminal vinculada con homicidios, extorsiones y reclutamiento de jóvenes. El gobierno federal reiteró su compromiso con la justicia y la seguridad en Michoacán.
El caso evidencia la operación de estructuras delictivas en espacios públicos y la participación de jóvenes en actividades criminales. También plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de inteligencia y la coordinación entre niveles de gobierno. Las investigaciones continúan y se prevén nuevas detenciones. El seguimiento del caso se mantiene como referencia para evaluar la efectividad de las políticas de seguridad frente a la violencia organizada.