Ante los hechos de violencia registrados la noche del 24 de junio durante una celebración patronal en la colonia Barrio Nuevo, que dejaron un saldo de al menos diez personas fallecidas y varias más heridas, la Diócesis de Irapuato emitió un pronunciamiento público en el que expresó su solidaridad con las víctimas, denunció la persistencia de la violencia y exhortó a las autoridades a garantizar justicia.
El comunicado, firmado por el obispo Enrique Díaz Díaz y difundido por la Comisión Diocesana de la Pastoral de la Comunicación (CODIPAC), enfatiza la preocupación institucional de la Iglesia católica ante los niveles de inseguridad en el municipio. En el mensaje se afirma: “Nos unimos en oración por los hechos ocurridos en nuestra ciudad de Irapuato”, y se dirige un mensaje directo a los responsables de estos actos con una exhortación a cesar la violencia y buscar la reconciliación.
El pronunciamiento pastoral incorpora referencias al Diálogo Nacional por la Paz de 2023, retomando como principio rector que la paz se fundamenta en la escucha, la participación ciudadana y el respeto a la dignidad humana. Esta alusión apunta a un marco más amplio de acción que trasciende lo estrictamente religioso y se ubica en el debate público sobre los caminos para enfrentar la crisis de violencia en el país.
En cuanto al papel del Estado, la Diócesis demandó acciones concretas de procuración de justicia. El mensaje instó a que los responsables del crimen sean presentados ante la ley y se evite la repetición de esquemas de impunidad. Esta solicitud refleja una preocupación sostenida entre actores sociales frente a las limitaciones operativas de las autoridades en casos de violencia comunitaria.
La declaración también busca movilizar la dimensión comunitaria de la fe, al invitar a los creyentes a ser “portadores y constructores de paz” desde los ámbitos personales y familiares. La línea de acción sugerida promueve una estrategia pastoral centrada en la reconstrucción del tejido social desde lo local.
El episodio violento registrado en Barrio Nuevo reabre preguntas sobre la capacidad institucional de respuesta en contextos donde la criminalidad afecta espacios tradicionalmente considerados seguros, como celebraciones religiosas o comunitarias.