La secretaria de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa, fijó la postura del Comité Nacional del Día de la Mujer respecto a la decisión de la ONU de llevar el tema de desapariciones en México ante la Asamblea General, señalándolo como una crisis nacional con más de 133 mil personas desaparecidas. Durante su intervención, contrastó esta evaluación con la postura del Gobierno Federal, que calificó el informe internacional como carente de rigor jurídico, desactualizado y tendencioso.
Gómez de la Rosa inició su mensaje pidiendo reflexionar sobre cómo “amanecen hoy las madres y padres buscadores”, afirmando que continúan realizando labores que corresponden al Estado, enfrentando riesgo, amenaza y abandono. Subrayó que los casos recientes en Michoacán, Teuchitlán y Tapalpa muestran una realidad que no coincide con la narrativa oficial.
Uno de los señalamientos centrales fue la redistribución de cifras realizada por el Gobierno Federal. Explicó que el registro de 133 mil personas desaparecidas fue fragmentado en tres grupos:
- 47 mil casos con datos insuficientes, descartados de la búsqueda activa.
- 40 mil personas consideradas “localizadas” por haber realizado algún trámite o actividad registral reciente.
- 43,300 casos reconocidos oficialmente como desapariciones, la cifra que el gobierno mantiene como válida.
Gómez de la Rosa cuestionó esta reclasificación frente a la existencia de más de 70 mil cuerpos sin identificar, afirmando que “las cifras no coinciden” y recordando que la omisión del Estado también constituye desaparición forzada.
La secretaria señaló además la contradicción entre el rechazo del gobierno a la evaluación internacional y la reciente orden de aprehensión por desaparición forzada contra un funcionario en Tabasco, integrante del mismo partido en el poder.
Planteó que existe un choque de narrativas:
- El gobierno reconoce un problema, pero no en los términos planteados por la ONU.
- La ONU advierte desapariciones generalizadas, posibles crímenes de lesa humanidad y la necesidad de atención internacional.
Finalmente, Gómez de la Rosa afirmó que el PRI respalda la decisión del organismo internacional y considera necesaria la cooperación técnica, la supervisión independiente y mecanismos verificables para enfrentar la crisis. Concluyó señalando que la prioridad debe ser la justicia para las víctimas y no la reducción administrativa de cifras ni el rechazo a la asistencia internacional.
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