La reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha desatado un intenso debate entre el sector académico y sindical. Mientras que el proyecto plantea avances en la estructura de gobierno universitario y la autonomía académica, las modificaciones al régimen de pensiones generan preocupación ante la posible vulneración de derechos adquiridos.
Uno de los puntos más polémicos es la imposición del sistema de AFORES para el personal de nuevo ingreso, eliminando el régimen actual de pensiones establecido en los Contratos Colectivos de Trabajo. Esta medida ha sido señalada como un retroceso en materia de derechos laborales, ya que se aplicaría sin consulta sindical y podría ser declarada inconstitucional por violentar principios de progresividad.
Además, la creación de un Tribunal Universitario, aunque parece garantizar la justicia interna, deja vacíos en la definición de sus funciones y sanciones, lo que genera incertidumbre sobre su posible uso discrecional.
Por otro lado, la reforma garantiza la autonomía plena de la UMSNH, permitiéndole autogobernarse, administrar sus recursos y definir su modelo educativo sin intervención externa. También se establece un modelo democrático para la elección del rector o rectora, asegurando la paridad de género en el proceso.
A pesar de estos avances, los sindicatos universitarios han manifestado su inconformidad y advierten sobre la posibilidad de movilizaciones si la reforma es aprobada sin modificaciones. La disputa entre la modernización académica y la preservación de derechos laborales está lejos de resolverse, dejando en el aire el futuro de la educación superior en Michoacán.