En sesión reciente, la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con el objetivo de establecer la obligación legal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de destruir las armas aseguradas o decomisadas, mediante un protocolo público, auditable y sujeto a supervisión externa.
La propuesta, turnada a la Comisión de Defensa Nacional, plantea que todo armamento, munición, cargadores y accesorios que no sean destinados a remate administrativo o judicial, deberán ser destruidos por la Sedena. El protocolo deberá incluir un registro detallado de cada arma, mecanismos de trazabilidad desde su aseguramiento hasta su destrucción, supervisión por órganos de control internos y externos, y la publicación periódica de informes estadísticos en portales oficiales de transparencia.
La iniciativa también contempla que, una vez vencido el plazo para que el interesado acredite la licencia correspondiente, los objetos asegurados sean remitidos a la Sedena para su destino final, el cual deberá ser la destrucción conforme al protocolo establecido.
En la exposición de motivos, Ballesteros Mancilla argumentó que México enfrenta una problemática persistente relacionada con la proliferación de armas de fuego y explosivos, lo que ha contribuido al incremento de la violencia armada y delitos de alto impacto. Citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que indican que más del 70 por ciento de los homicidios dolosos en el país se cometen con armas de fuego.
La diputada advirtió sobre nuevas formas de fabricación de armamento, como la impresión 3D y métodos artesanales, que dificultan el control por parte de las autoridades. En ese sentido, subrayó la necesidad de actualizar el marco normativo para prohibir expresamente estas prácticas y establecer sanciones claras.
Aunque reconoció avances recientes, como el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2025, señaló que persiste un vacío legal que impide garantizar la trazabilidad de las armas decomisadas. Actualmente, la destrucción está regulada de forma general por Sedena, pero sin un mandato legal que obligue a realizarla bajo principios de transparencia y supervisión ciudadana.
La propuesta busca cerrar ese vacío normativo y evitar que el destino de las armas quede sujeto a la discrecionalidad administrativa. Según Ballesteros Mancilla, incorporar estos lineamientos fortalecería la rendición de cuentas, reduciría el riesgo de desvío hacia el mercado ilegal y consolidaría una política pública de desarme alineada con los principios constitucionales de seguridad y paz social.