Desde la tribuna del Congreso del Estado, la diputada del Partido Acción Nacional, Teresita de Jesús Herrera Maldonado, cuestionó la nueva Ley de Transparencia al advertir que concentra el acceso a la información en instancias gubernamentales y pone en riesgo el ejercicio de este derecho por parte de la ciudadanía.
Durante su posicionamiento, la legisladora señaló que la desaparición del Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales representa un cambio sin precedente en la entidad, al afirmar que ahora la autoridad encargada de garantizar el derecho a la información recaerá en la Secretaría de Contraloría del Estado. “El gobierno cuidará al gobierno”, expresó al referirse a la nueva estructura institucional.
Herrera Maldonado sostuvo que el dictamen aprobado incumple con los plazos establecidos en los artículos transitorios de la Constitución, al señalar que “pedimos legalidad en la ilegalidad”, en referencia al proceso legislativo seguido para su aprobación.
La diputada advirtió que, con el nuevo marco normativo, las dependencias tendrán la facultad de clasificar información hasta por diez años, lo que podría limitar el acceso a datos relacionados con el gasto público, contratos de obra, programas sociales y acciones gubernamentales. “Se blindará la información con criterios ambiguos”, afirmó.
En su intervención, planteó que las solicitudes de acceso a la información serán canalizadas a través de una plataforma nacional, mientras que los recursos de revisión serán resueltos por la misma autoridad estatal, lo que, dijo, podría derivar en respuestas reiteradas de inexistencia o incompetencia. “Quien responde es la misma autoridad garante”, señaló.
Asimismo, indicó que la centralización de funciones en materia de transparencia responde a una lógica política y no a una demanda social. “Esta ley responde a una necesidad política, no a una exigencia social”, afirmó, al advertir que se trata de una “imposición de una visión unilateral”.
La legisladora sostuvo que la eliminación de órganos autónomos debilita los contrapesos institucionales y genera condiciones de desconfianza. Añadió que este nuevo esquema podría afectar incluso las labores de fiscalización del propio Congreso, al anticipar que el acceso a la información podría ser limitado también para legisladores.
Finalmente, la diputada informó que el grupo parlamentario del PAN votará en contra de la ley, al considerar que “no se debe simular un derecho humano”, y advirtió que su aprobación impacta en el sistema democrático. “Una ley podrá ser legal en su procedimiento de aprobación, pero no legítima”, concluyó.