La dirigencia del PAN en la Ciudad de México y legisladores federales del mismo partido denunciaron que el Gobierno capitalino utiliza un mecanismo de financiamiento no previsto en la ley, basado en fideicomisos privados de inversión con bancos particulares, para acceder a recursos por hasta 4 mil millones de pesos. Según los señalamientos, este esquema compromete ingresos públicos sin autorización del Congreso local y rebasa el límite de endeudamiento aprobado para la administración.
La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez, afirmó que el Gobierno capitalino emplea como justificación la organización del Mundial CDMX para contratar financiamiento mediante fideicomisos privados, lo que permite obtener recursos adicionales fuera de los mecanismos tradicionales de deuda pública. Explicó que el pago de este financiamiento se respaldaría con recursos del Fondo Mixto de Turismo, alimentado por la recaudación del impuesto sobre hospedaje, lo que implica comprometer ingresos futuros sin autorización legislativa.
El diputado federal Héctor Saúl Téllez Hernández calificó el esquema como una forma de endeudamiento encubierto que evade la normatividad aplicable. Recordó que el Congreso capitalino autorizó un techo de endeudamiento de 3 mil 500 millones de pesos, mientras que el financiamiento contratado asciende a 4 mil millones, cifra que supera lo aprobado. Por ello, exigió al secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, explicar el origen, destino y legalidad del mecanismo utilizado.
Federico Döring Casar, también diputado federal del PAN, señaló que la estrategia constituye una forma de eludir la regulación en materia de deuda pública y pidió transparentar las obras financiadas, los montos ejercidos y la lista de contratistas beneficiados. Afirmó que el uso de recursos provenientes de impuestos para respaldar financiamientos privados sin autorización legislativa podría justificar la destitución del secretario de Finanzas.
Los legisladores insistieron en que el Gobierno capitalino debe rendir cuentas sobre el uso de instrumentos financieros privados para contratar deuda y sobre el compromiso anticipado de ingresos públicos. La denuncia abre un nuevo frente de discusión sobre la transparencia y el manejo de la deuda en la Ciudad de México, en un contexto donde la administración local enfrenta cuestionamientos sobre la legalidad de sus mecanismos de financiamiento.