En el recinto de San Lázaro, el diputado federal Rubén Moreira Valdez llevó al pleno una serie de Puntos de Acuerdo que colocaron nuevamente bajo la lupa la conducción de la política de seguridad nacional. Con un tono firme y un diagnóstico crítico, el coordinador parlamentario del PRI exigió al Consejo de Seguridad Nacional la publicación inmediata del Programa para la Seguridad Nacional 2024-2030, documento que, recordó, es obligatorio y constituye la base de planeación estratégica del Estado mexicano en la materia.
Moreira también solicitó que se elabore y remita al Congreso, sin demora, el proyecto de la Agenda Nacional de Riesgos 2025, herramienta indispensable para que el Poder Legislativo pueda ejercer su facultad de revisión y emitir una opinión fundada. Ambos instrumentos, subrayó, están previstos en la Ley de Seguridad Nacional y deben ser evaluados periódicamente para asegurar su actualización y seguimiento institucional.
El legislador no dejó espacio para ambigüedades. Señaló que una de las omisiones más graves de los gobiernos de Morena ha sido la falta de transparencia y rendición de cuentas en seguridad nacional, lo que ha generado opacidad y ha limitado la evaluación democrática. Recordó que desde la administración anterior se incumplió con la obligación de publicar el Programa en el Diario Oficial de la Federación, dejando al país sin un documento rector para coordinar acciones frente a amenazas crecientes.
El exgobernador de Coahuila fue más allá al advertir que, mientras el crimen organizado se fortalece y la violencia fragmenta el territorio, el Ejecutivo Federal ha optado por ocultar la estrategia de seguridad. Consideró que esta omisión no es accidental, sino parte de una política de centralización autoritaria y militarización sin controles democráticos, lo que vulnera la Ley de Seguridad Nacional y debilita al propio Consejo encargado de conducirla.
Moreira también denunció la falta de instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, órgano responsable de revisar la Agenda Nacional de Riesgos. Exhortó a las Juntas de Coordinación Política a integrarla de inmediato, en cumplimiento del artículo 56 de la ley, para garantizar que las políticas y acciones en la materia estén sujetas al control legislativo. En la misma línea, pidió dar seguimiento puntual a las tareas de seguridad pública realizadas por la Guardia Nacional, conforme al Quinto Transitorio del decreto de 2022, para asegurar evaluaciones periódicas y públicas sobre la actuación de las fuerzas armadas.
El diputado cerró su intervención con un llamado directo al Poder Legislativo: la instalación inmediata de las comisiones bicamerales vinculadas a la seguridad nacional y la seguridad pública debe ser una prioridad. En un contexto de violencia, militarización y debilitamiento institucional, afirmó, es indispensable que los controles constitucionales y legales funcionen plenamente para supervisar y evaluar las estrategias del Estado mexicano. Así, la crónica legislativa del día dejó una advertencia clara: sin transparencia ni control democrático, la seguridad nacional queda a la deriva.