Tras la movilización del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASPE), el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, respondió con un tono irónico y sin hacer referencia al marco legal aplicable en su defensa de la digitalización de pagos en la administración pública.
Durante su declaración, el mandatario evitó abordar el Artículo 3 de la Ley Monetaria de México, el cual establece las reglas para el ajuste de pagos en efectivo dentro del territorio nacional. En su discurso, Ramírez Bedolla cuestionó la relación entre los pagos digitales y la normatividad vigente, sin aclarar cómo se ajustan estos procesos a la legislación actual.
«Yo soy abogado. ¿Qué dice la Ley Monetaria?», expresó el gobernador, mencionando que dicha ley fue expedida hace casi un siglo y ha sido modificada en varias ocasiones. No obstante, no ofreció una respuesta clara sobre cómo su iniciativa de digitalización se alinea con el marco legal.
En su mensaje, Ramírez Bedolla insistió en que la implementación del gobierno digital busca agilizar trámites y combatir la corrupción sin afectar los derechos de los trabajadores sindicalizados. También aseguró que no se contempla el cierre de receptorías de rentas en el estado.
«Si hay alguna inconformidad legal, hay vías para este tema», sostuvo el gobernador, refiriéndose a mecanismos como el amparo y la controversia constitucional para impugnar cualquier posible afectación.
La postura del mandatario ha generado debate entre sectores sindicales y especialistas en derecho, quienes señalan que la discusión sobre la digitalización de pagos en Michoacán requiere mayor claridad sobre su compatibilidad con las leyes vigentes.
Con este escenario, el conflicto entre el STASPE y el gobierno estatal sigue abierto, en espera de nuevas definiciones legales y políticas que brinden certeza a los trabajadores y ciudadanos michoacanos.