Tras nuevas declaraciones públicas, habitantes y representantes legales que han dado seguimiento al caso Next Energy denunciaron la falta de información oficial sobre la detención del propietario de la empresa y el manejo de los recursos involucrados en los contratos firmados con el municipio de Aguascalientes. Señalaron que persiste un clima de opacidad por parte de la Fiscalía estatal, autoridades municipales y funcionarios que participaron en los convenios.
De acuerdo con los señalamientos, no existe claridad sobre el estatus jurídico del dueño de la empresa, quien presuntamente se encuentra detenido, pero cuyo nombre no aparece en el Registro Nacional de Personas Detenidas. También se cuestionó que, según testimonios, el empresario estaría recluido en condiciones privilegiadas dentro del centro penitenciario, sin que se haya informado públicamente cuál es el delito que se le imputa.
Los inconformes recordaron que el municipio firmó contratos con Next Energy en tres ocasiones, pese a que la empresa no cumplió con los compromisos establecidos. Consideraron que la versión oficial sobre un presunto fraude resulta insuficiente, ya que no se ha explicado cómo se renovaron los convenios a pesar de los antecedentes de incumplimiento y de las observaciones realizadas por instancias fiscalizadoras.
Otro punto señalado fue el manejo del dinero que permaneció durante un año en un juzgado civil y que, tras una resolución judicial, debía reintegrarse a un fideicomiso. De acuerdo con las declaraciones, el responsable del resguardo no habría cumplido con el mandato judicial, lo que abre nuevas interrogantes sobre el destino de los recursos.
Los representantes ciudadanos también cuestionaron que el cabildo de Aguascalientes haya aprobado en su presupuesto de egresos continuar pagando a la empresa por un servicio que no presta, situación que consideran contraria al interés público. Recordaron que el monto total comprometido ronda los dos mil millones de pesos.
Asimismo, criticaron que la audiencia judicial relacionada con el caso se haya declarado privada, pese al principio de máxima publicidad que rige al Poder Judicial. Señalaron que esta decisión contribuye al hermetismo y dificulta el acceso a información relevante para la ciudadanía.
Ante la falta de respuestas, anunciaron que continuarán presionando a la Fiscalía estatal y solicitarán la intervención de la Fiscalía General de la República para que el caso pueda ser atraído y revisado en el ámbito federal, especialmente porque se trata de recursos provenientes de participaciones federales. También insistirán en que la Auditoría Superior de la Federación realice una revisión exhaustiva del uso de los fondos.
Finalmente, señalaron que existen responsabilidades pendientes de servidores públicos que participaron en la firma de los convenios en 2019 y 2020, algunos de los cuales actualmente ocupan cargos en el Poder Judicial. Afirmaron que la ciudadanía espera una resolución clara, la recuperación de los recursos y una explicación completa sobre las decisiones que permitieron que la empresa recibiera pagos sin cumplir con las obligaciones contractuales.