En una reveladora nota informativa publicada por Excélsior y redactada por Ricardo Belmont, se destapa un escándalo de corrupción en Michoacán, donde el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla es acusado de sobornar a los 25 legisladores locales para asegurar la aprobación, a toda prisa, de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. La medida, votada sin modificaciones, favorecería los intereses económicos del mandatario en proyectos como la construcción de un teleférico en Uruapan y un Metrobús en Morelia.
Según José Trinidad Martínez Pasalagua, presidente de la Comisión Reguladora del Transporte de Michoacán, la ley, aprobada en junio de 2023, ha generado 247 suspensiones otorgadas por jueces federales hasta la fecha. A pesar de estas suspensiones, se asignó un presupuesto a la ley, violando los amparos interpuestos.
Martínez Pasalagua denuncia la aprobación apresurada de la ley, que pisotea los derechos de los transportistas y revela el presunto pago de millones de pesos a los diputados para garantizar su aprobación. Además, señala que el Gobernador ha creado el Instituto de Transporte y ha emitido su reglamento, violando las condiciones establecidas por los amparos.
El líder del transporte urbano del estado califica al gobernador Ramírez Bedolla como soberbio, arbitrario y represor, acusándolo de violar la ley y los amparos otorgados por los jueces al gremio de transportistas.
La situación se complica aún más, ya que se informa que los legisladores de Michoacán han alterado documentos en los informes justificados de la Ley, presentando documentación diferente a la entregada por el Congreso del Estado. Esto ha llevado a la presentación de una solicitud al juzgado para que el Ministerio Público federal inicie una investigación.
A pesar de los más de 400 amparos interpuestos, solo se han concedido 247, pero la ley no se ha congelado debido, según las acusaciones, a las órdenes directas del gobernador Ramírez Bedolla. El escándalo amenaza con desencadenar una investigación más amplia por parte de la Fiscalía del Estado, mientras la población exige transparencia y justicia en este caso de presunta corrupción política.