En cuanto a la iniciativa Ley de Acreditación y Control de Fideicomisos que se encuentra en discusión en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, en particular la propuesta de adición al artículo 173, segundo párrafo, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, este Tribunal expresa la siguiente:
El Tribunal de Justicia Administrativa respeta la facultad del Congreso de Michoacán para legislar dentro de su marco jurisdiccional.
Sin embargo, la justificación presentada para reformar esta norma es contraria a lo dispuesto por la Constitución mexicana, la cual establece que la obligación de los exámenes de confianza y control sólo se aplica a las áreas de seguridad pública, de las cuales este Tribunal no forma parte. Por tanto, incluirlo dentro de esta medida sería contrario a la ley.
El TJAM (Tribunal de Justicia Administrativa) ya cuenta con su propio método de evaluación de su personal, pues el Código de Justicia Administrativa del Estado y el Reglamento de este órgano constitucional autónomo establecen la Carrera del Servicio Civil, que actualmente se encuentra vigente y se aplica a los personal.
Esta evaluación permanente en el Tribunal de Justicia Administrativa se fortalece aún más con la acción de la Coordinación de Inspecciones, que vela por el cumplimiento y cumplimiento de las normas en todas sus áreas. Adicionalmente, el TJAM también se rige por sus Códigos de Ética y Conducta, cuyo cumplimiento es supervisado por el Órgano de Control Interno.
De proceder esta iniciativa, podría socavar la autonomía constitucional del Tribunal. En otras palabras, representaría una violación a la Constitución y afectaría su principal propósito como organismo autónomo: servir como control constitucional del poder público, sin que su actuación sea influenciada por presiones externas, políticas o de otro tipo.
El Tribunal de Justicia Administrativa destaca que, contrariamente a tales propuestas, corresponde a los poderes del Estado fortalecer la autonomía de los órganos constitucionales autónomos y no debilitarlos, por ser entidades indispensables para la evolución del Estado constitucional de derecho en nuestro país. sociedades actuales.