La Comisión Permanente recibió este jueves un nuevo episodio en el debate sobre presunta corrupción en el gobierno federal, luego de que los diputados del PAN Federico Döring Casar y Diego Ángel Rodríguez Barroso presentaran ante la Fiscalía General de la República una denuncia formal derivada de las revelaciones contenidas en el libro Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder, escrito por el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Los legisladores afirmaron que los hechos descritos en la obra constituyen noticia criminal y requieren una investigación exhaustiva, objetiva e independiente. La acción jurídica ocurre después de que el Ejecutivo federal señalara que no iniciaría indagatorias de oficio al considerar que “la narrativa no es suficiente” sin una denuncia formal. Con la presentación del documento, los diputados sostuvieron que ahora existen elementos procesales que obligan al Ministerio Público a actuar conforme a derecho.
La denuncia incluye hechos que podrían configurar delitos como asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posibles ilícitos electorales relacionados con financiamiento ilegal de campañas. También se señalan presuntas irregularidades en compras públicas durante la pandemia, presiones al Poder Judicial, uso político de programas sociales y posibles vínculos con redes de huachicol.
El escrito solicita la comparecencia de diversas figuras públicas, entre ellas María Elena Álvarez-Buylla, Alejandro Gertz Manero, Arturo Zaldívar, Hugo López-Gatell, Irma Eréndira Sandoval, Jesús Ramírez Cuevas, Clara Brugada, Mario Delgado, Adán Augusto López y Rocío Nahle, con el fin de esclarecer responsabilidades individuales y determinar si existieron redes de protección institucional.
Rodríguez Barroso afirmó que la denuncia responde a una obligación constitucional frente a hechos públicos que podrían constituir delito. Döring, por su parte, sostuvo que la postura del Ejecutivo de no investigar sin denuncia formal ha quedado superada y que corresponde a la Fiscalía, encabezada por Ernestina Godoy, actuar con autonomía y sin consideraciones políticas.
El proceso continuará con la integración de la carpeta de investigación y la determinación de las diligencias iniciales, en un contexto legislativo que mantiene el escrutinio sobre la actuación de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.